Una ley definirá los requisitos exigibles a los Parques Nacionales. Preocupación por la emisión de gases invernadero. Contra la presión urbanística en las costas

El Mundo, 29-8-2005

MADRID.- El Ministerio de Medio Ambiente presentará próximamente un proyecto de Ley de Biodiversidad que incorporará las determinaciones sobre requisitos exigibles a la figura de parque nacional. Esta ley se enmarca en el proceso de transferencias de los parques nacionales a las comunidades autónomas, a raíz de la sentencia del Tribunal Constitucional que dieron la gestión de los espacios a las autonomías, mientras que al Estado le corresponde la redacción del Plan Director de la Red de Parques Nacionales.

Para evitar que en cada parque prime unos intereses "es muy importante que haya una ley estatal que defina los requisitos esenciales de los parques nacionales, y eso es perfectamente consistente con la doctrina del Tribunal Constitucional", ha explicado la ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona. "A primeros de enero se prevé transferir la gestión de los parques nacionales a las comunidades autónomas", ha añadido.

Narbona ha indicado que "la máxima figura de protección no puede tener criterios distintos según el territorio, aunque puede tener criterios en el detalle concreto en la medida que cada parque tiene unos ecosistemas distintos, la población dentro del parque diferente, pero eso dentro de unos requisitos básicos".

La nueva Ley de Biodiversidad podría "entrar en vigor en el momento en que las comunidades autónomas asuman las competencias de la gestión de los parques" y de esta forma que "exista un marco normativo que fije los requisitos mínimos y durante próximo año el Ministerio trabajará con las comunidades autónomas en el Plan Director de la Red de Parques Nacionales", ha aclarado.

La ministra ha dejado claro que "la figura de la Red de Parques Nacionales va a seguir existiendo" ya que entiende que "puede perfectamente mantenerse la homogeneidad de criterios respecto de los parques nacionales, aunque su gestión la hagan las comunidades autónomas".

Para realizar el proceso de traspasos a las comunidades autónomas, la Comisión Técnica de Transferencias, formada por representantes de los Ministerios de Hacienda, Administraciones Públicas y Medio Ambiente, ya ha celebrado reuniones con Aragón, Andalucía y Castilla-La Mancha. Durante el mes de septiembre se convocarán a las demás comunidades autónomas con parque nacional, y en estas reuniones se debatirá el coste económico de las transferencias.

Ante el debate de los Presupuestos Generales del Estado para 2006, el Ministerio de Medio Ambiente quiere "incrementar de manera significativa" la partida de la Dirección General para Conservación de la Biodiversidad, ya que "ha sido tradicionalmente el área más débil en su capacidad de gasto", ha explicado la ministra.

En esta Dirección General se pretende "apoyar más las estrategias nacionales de conservación de especies amenazadas y la prevención y lucha contra incendios forestales". Asimismo, el Departamento pretende potenciar las inversiones en depuración de aguas.

Las emisiones de gases

Por otra parte, la ministra de Medio Ambiente indicó que este "no es un buen año" para las emisiones de gases de efecto invernadero. "Ha caído extraordinariamente la capacidad de producir energía eléctrica a partir de los embalses, y eso unido a temperaturas extremas nos hará tener datos nada positivos este año", ha apuntado.

En esta materia, España firmará más memorándum de entendimiento con países iberoamericanos en septiembre para favorecer la capacidad de empresas españolas a través de mecanismos de desarrollo limpio como inversiones de empresas en terceros países como energías renovables, secuestro de carbono y actividades forestales, entre otros.

En la actualidad, hay seis países iberoamericanos y Marruecos con este memorándum. Además, en septiembre se celebrará una reunión en Marruecos con empresarios para potenciar en el marco del Protocolo de Kioto las energías renovables en el país africano.

En lo que va de legislatura el Ministerio de Medio Ambiente ha demolido 60 infraestructuras en las costas españolas que incumplían la Ley de Costas, y "se está acelerando el deslinde dando prioridad a las zonas donde hay más amenaza de presión urbanística", ha adelantado la ministra. Además, se están revisando las concesiones existentes en el dominio público marítimo-terrestre, ya que hay muchas caducadas o que no cumplen sus requisitos.

El Ministerio de Medio Ambiente ha pedido a las comunidades autónomas que reduzcan la presión urbanística sobre su litoral y les ha ofrecido la posibilidad de comprar las zonas de servidumbre y del entorno del dominio público marítimo-terrestre, para frenar el desarrollo urbanístico.