¿Otra amnistía?

Angel Tristán Pimienta

La Provincia, 25-9-2005

El concejal de Urbanismo de Telde declaró, en un arrebato de amor a los votos, que pretendía legalizar todas las viviendas ilegales del municipio. No es el único en plantear una especie de amnistía a lo franquista. Ya se ha discutido en alguna ocasión en el Parlamento de Canarias la propuesta de ciertos grupos insularistas de hacer tabla rasa y, una vez más, acudir a una Ley de Punto y Final, sólo que, verdaderamente, sería de punto y coma. En esas oportunidades las voces de la cordura han argumentado que ignorar la ilegalidad, y sus demoledores efectos, es dar carta de naturaleza al proceso de destrucción, no sólo arquitectónica y paisajística, de las Islas.

Porque ya se ha intentado varias veces por parte de las autoridades regionales que la aplicación de las leyes sea lo suficientemente flexible como para homologar algunas construcciones. El mejor antecedente fue el Pacto del Territorio que propuso durante el gobierno Saavedra en el Pacto de Progreso el consejero José Francisco Henríquez. Más tarde sus sucesores retocaron aquella idea inicial, sustentada en un gran acuerdo interinstitucional y con la sociedad, y dieron forma a medidas tendentes a zanjar, aunque fuera parcialmente, un viejo conflicto.

Un problema generado en primer lugar por los ayuntamientos, por los alcaldes y concejales, que no sólo han dejado hacer sino que en ocasiones han impulsado la clandestinidad, un atajo más fácil que trabajar como es debido y proporcionar suelo adecuado para satisfacer las necesidades de la población rural, o de los jóvenes, o sencillamente de las clases trabajadoras. Lo cómodo ha sido ignorar estas carencias; como cómoda ha sido la postura de las administraciones implicadas, cabildos incluidos, que no han ejercido plenamente sus facultades inspectoras.

La prevención es el mejor método para evitar desastrosos hechos consumados y situaciones que pueden provocar alarma, inquietud e inestabilidad social, a no ser que se pongan en marcha gigantescos planes de ´reposición´ y transformación de verdaderas poblaciones. Pero según fuentes dignas de toda solvencia - entre las que destaca, por su análisis y relato, unas excelentes memorias de la Fiscalía del TSJC- nadie ha demostrado un especial interés en atajar la enfermedad; y menos aun los poderes locales. Tampoco los instrumentos de que dispone el Gobierno regional han funcionado correctamente; y eso se comprueba con la prueba del algodón sobre el horizonte. Si las policías locales, el Seprona, la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural y hasta el ángel de la guarda hubieran actuado como Dios manda, sería imposible la proliferación de los ´cajones´ que destrozan las islas y que invaden, como diría el poeta, hasta ´sagrado lugar´. ¿Cómo se le puede escapar a la famosa ´avioneta´ a quien tanto se temía en un principio tantos auténticos mamotretos nacidos como por arte de encantamiento?.

El fenómeno es fácil de seguir con la ayuda de la fotografía: como dirían Tip y Coll, fotografíese un terreno llano; aguárdese un tiempo prudencial; vuelva usted a subirse a la avioneta y saque nuevas imágenes de los mismos lugares y, hale hop, se comprobará que donde crecían papas o berros, deambulaban los perinquenes y meditaban las vacas hay ahora bloques del 20.

Puede entenderse que un político con sensibilidad, de esos que estarían en una ONG ayudando a los africanos que padecen sida, pero que por motivos familiares no puede ir tan lejos, quiera hacer una obra de misericordia. Pero la tentación demagógica es muy grande. No es lo mismo que el Ayuntamiento de Telde ponga en marcha un plan para reconstruir en otro lugar las casas que realmente dañan paisajes protegidos, algo parecido a lo que se hace en El Polvorín o Jinámar, o para adecuar otras a su entorno mejorándoles la estética, que pedir un imposible. Dios hace milagros, pero no imposibles.

Las ilegalidades urbanísticas son inversamente proporcionales a la honestidad y eficiencia de los ayuntamientos. Ésta es la única verdad. Y el tema no se zanja por la vía rápida de consentir lo mal hecho sin que exista un propósito de la enmienda o se exijan responsabilidades administrativas y penales a los causantes por omisión y ´autores intelectuales´. Los ciudadanos tienen que saber que los culpables de sus problemas son los que han cerrado los ojos, los de mucho pico pero poca pala.