El Gobierno español tramita la Ley de Suelo para frenar la especulación

EL TEXTO ASPIRA A CORREGIR LOS DESEQUILIBRIOS DEL MERCADO

El Consejo de Ministros aprobó este viernes en primera lectura el anteproyecto de la Ley del Suelo con la que el Gobierno español pretende "proteger a los ciudadanos de la especulación y de los desequilibrios que el mercado por si sólo muchas veces produce", según la vicepresidenta primera del Ejecutivo, María Teresa Fernández de la Vega.

EFE. Madrid

La vicepresidenta primera del Gobierno estatal destacó que la nueva ley de suelo, que modifica la de 1998, refuerza la transparencia, define derechos y deberes de los ciudadanos con respecto al suelo y garantiza un mayor respeto al medio ambiente.

Una de las principales novedades de la normativa, que aún debe pasar varios trámites para su aprobación, es que el 25% del suelo urbanizable habrá de dedicarse a viviendas de protección oficial. También se amplía entre el 5 y el 15% la horquilla de cesión de aprovechamiento obligatoria que deben realizar los promotores a los ayuntamientos cuando promueven un proyecto.

Por otra parte, la nueva ley mejora la regulación del patrimonio público del suelo y establece criterios objetivos para su valoración. El texto, del que informó este viernes la ministra de Vivienda, María Antonia Trujillo, recoge un estatuto de los ciudadanos en el que se fija que, por encima de los intereses inmobiliarios privados, está el derecho de los ciudadanos a una vivienda digna y adecuada.

En su empeño por asegurar un desarrollo urbano sostenible, Vivienda someterá los proyectos a una evaluación ambiental previa y exigirá que todos los planes y convenios urbanísticos se tengan que someter a información pública. Tras la aprobación del anteproyecto por el Consejo de Ministros, el texto se someterá a un proceso de consulta con las administraciones públicas y los agentes del sector antes de su aprobación definitiva.

De hecho, Trujillo aseguró que se reunirá la próxima semana con las comunidades autónomas, ayuntamientos y promotoras para consultarles sobre el contenido del anteproyecto, con el fin de lograr el mayor consenso posible.

Efectos "positivos" sobre el alquiler

El mercado de la vivienda de alquiler también tuvo un importante protagonismo en el consejo celebrado este viernes a través de un informe del Ministerio de Vivienda sobre su política de alquiler en los dos últimos años, cuyos efectos han sido "positivos, concretos y verificables", según De la Vega.

Para la vicepresidenta del Gobierno, éstos se traducen en que no sólo se ha frenado el grave descenso en el número de viviendas protegidas, sino que se ha invertido completamente la tendencia y se ha pasado a un aumento del 13,5%. En cuanto al precio de la vivienda libre, la vicepresidenta precisó que aunque sigue subiendo, lo hace a un ritmo menor, al pasar del 28% a comienzos de 2004 al 12% en estos momentos.

Por su parte, Trujillo aseguró que el objetivo de la política de alquiler es fomentarlo y dinamizarlo para que, junto al incremento de nuevas viviendas protegidas en construcción, se pueda desacelerar el precio de los pisos. Las actuaciones realizadas con el objetivo de fomentar el alquiler se articularon en la puesta en marcha del Plan de Choque y el Plan de Vivienda 2005-2008, con cuyas ayudas se han beneficiado más de 35.000 familias y jóvenes

El presupuesto dedicado a la promoción del alquiler asciende a 3.193 millones de euros, el 53% del total de recursos contemplados en el Plan de Vivienda 2005-2008. Junto a las medidas directas establecidas en ambos planes, el Ministerio de Vivienda ha puesto en marcha la Sociedad Pública de Alquiler (SPA), cuya función es ofrecer a los ciudadanos la vivienda desocupada existente, garantizar un contexto seguro para el alquiler, y buscar generar un cambio cultural sobre el alquiler como fórmula de acceso a la vivienda.

En los siete primeros meses de existencia, la SPA ha ofrecido a los ciudadanos 1.500 viviendas vacías, superando los objetivos establecidos para su primer año de existencia, y ha cerrado un total de 1.208 contratos.