Empleados públicos exigen ceses en Medio Ambiente por Granadilla

CanariasAhora.com, 8-10-2004

El Sindicato de Empleados Públicos de Canarias (Sepca) exigió este jueves la dimisión del equipo directivo de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación Territorial de Medio Ambiente del Gobierno de Canarias tras conocer la existencia de una resolución de la Comisión Europea contraria al proyecto portuario de Granadilla, avalado por el departamento autonómico.

“Imaginamos que ahora el Ejecutivo regional tomará cartas en el asunto y, por lo menos, cesará al equipo directivo de [la Viceconsejería de] Medio Ambiente que mal dirige Milagros Luis Brito”, subrayaron fuentes de Sepca.

De este modo, el sindicato respondió a la disconformidad expresada desde Bruselas al puerto proyectado en Granadilla por advertir la vulneración de la directiva comunitaria Hábitat sobre protección ambiental. “Algo que los funcionarios de Medio Ambiente llevan diciendo desde hace más de un año”, recordaron desde las mismas fuentes.

Precisamente, "destapamos los 10 informes que había ocultado la vicenconsejera Brito en los que quedaba claro que el proyecto de Granadilla no cumplía con la normativa vigente medioambiental, justamente por las causas que ahora expone Europa”, añadieron en referencia a las denuncias efectuadas desde el pasado julio. A su juicio, “el ocultismo que siempre ha pretendido Brito con esta infraestructura costó a estos trabajadores sus puestos y en algunos casos han pasado al verdadero ostracismo laboral”. Por ello, desde Sepca exigieron el retorno de los funcionarios trasladados a su área profesional anterior.

Exigencia de "responsabilidades políticas"

Por su parte, la Coordinadora de Pueblos y Barrios del Área Metropolitana de Tenerife, integrada en la Asamblea por Tenerife, apoyó este jueves la petición de la Plataforma Ciudadana contra el Puerto de Granadilla de solicitar al Gobierno del Estado "la inmediata retirada" del proyecto.

Tras el informe de la Dirección General de Medio Ambiente del Ejecutivo comunitario, el colectivo ciudadano exigió "responsabilidades políticas" al presidente de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz, Luis Suárez Trenor, y a la viceconsejera de Medio Ambiente, Milagros Luis Brito. En su opinión, el proyecto del sur tinerfeño "acarreará consecuencias irreversibles no sólo para los fondos marinos y especies protegidas y de Lugares de Interés Comunitario como Montaña Roja, sino para la vida cotidiana de los ciudadanos de la zona".

En este contexto, la Coordinadora consideró que la ampliación del puerto de Santa Cruz constituye un proyecto "más razonable y con menor impacto social y medioambiental para Tenerife para afrontar un supuesto incremento del tráfico de mercancías por vía marítima". Además, el colectivo confió "en el talante democrático de los diputados del Parlamento de Canarias durante la tramitación de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP), avalada por más de 50.000 firmas de ciudadanos de la Isla, por la que se pide la protección del litoral de Granadilla, en la zona afectada por el proyecto del puerto industrial".