El Gobierno creará un 'superfiscal' para los delitos contra el medio ambiente.

Madrid, 21 mar (El País).-

El fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, ha enviado al Ministerio de Medio Ambiente su propuesta para crear un fiscal especial contra delitos ecológicos con el máximo rango que coordinará a los 1.667 agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil. Además, cada Audiencia Provincial tendrá un fiscal especializado. La fiscalía y el ministerio afirman que aunque España tiene suficientes leyes para proteger el medio ambiente, hay pocas condenas. El nuevo cargo se creará en la reforma de la Ley de Montes, que el Gobierno aprobará antes de verano e incluirá la prohibición de recalificar el monte quemado antes de 30 años.

En España hay muchas leyes, normas, decretos, reglamentos y ordenanzas para proteger la naturaleza. Sin embargo, el Ministerio de Medio Ambiente considera que el cumplimiento de las normas no es el adecuado. La ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, asegura que 'es difícil garantizar el cumplimiento de las leyes. La investigación que hace la fiscalía de los delitos medioambientales es actualmente el eslabón débil de la cadena porque estas infracciones requieren pruebas periciales, formación y coordinación. En algunos juzgados se actúa con firmeza y en otros los jueces y fiscales desconocen las normas'.

Según Narbona, 'en España ha habido mucha desidia contra el delito ecológico', lo que ha conducido a una sensación de impunidad. 'Y la impunidad incita al delito', añade la ministra. Conde-Pumpido comparte esta impresión, según el escrito que ha dirigido al ministerio con una serie de reformas 'para ser introducidas en la Ley de Montes que prepara como proyecto de ley el Ministerio de Medio Ambiente'. El escrito admite en su exposición de motivos que 'el legislador ha hecho un esfuerzo importante para garantizar el derecho al medio ambiente. Sin embargo, el carácter de interés colectivo del mismo y sus limitados sistemas de protección [...] implica una especial dificultad a la hora de defenderlo'.

El Fiscal General del Estado propone 'una estructura más eficaz para la lucha contra la delincuencia medioambiental que permita contar con secciones de Medio Ambiente coordinadas desde la cúpula por un fiscal de primera categoría'.

La reforma legal necesaria para crear la nueva fiscalía es sencilla. Se trata de modificar dos artículos de la Ley reguladora del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, de 1981. Con la reforma, cada audiencia provincial y cada tribunal superior de justicia contará con una nueva sección especial. 'Estas secciones abarcarían los delitos relativos a la ordenación del territorio y la protección del patrimonio histórico, el medio ambiente e incendios forestales', según el escrito de la fiscalía general del Estado.

Estos representantes del ministerio público formarán una red de fiscales de medio ambiente que elaborará un informe anual. A esta red 'se le adscribirán las unidades del Seprona, así como el resto de fuerzas de seguridad que tengan competencias medioambientales'. El Seprona cuenta con 1.667 agentes. El sistema es similar al de las fiscalías especializadas en la violencia sobre la mujer.

El texto se introducirá en la reforma de la Ley de Montes que el Gobierno prevé enviar al Congreso antes de verano. En ella se incluirá también la prohibición de recalificar el monte quemado antes de 30 años. La ley vigente, de 2003, deja en manos de las autonomías cómo y cuando se puede recalificar el bosque que ha sufrido incendios.

Narbona presentó su reforma a las comunidades autónomas el 29 de enero en una reunión de los consejeros de Medio Ambiente. Las autonomías del PP y País Vasco y Canarias criticaron esta modificación porque a su juicio invade competencias. 'Puede que algunas comunidades recurran la ley, pero creemos que entra dentro de las competencias estatales fijar un plazo mínimo para recalificar tras un incendio', responde Narbona.

El ministerio tiene el texto de la reforma listo. Está esperando una sentencia del Tribunal Constitucional que clarifique las competencias del Gobierno para dictar una norma común sobre el uso que se puede dar a los Parques Nacionales. Si la resolución es favorable al Gobierno, la reforma incluirá un texto común que blindará el uso de los parques y su declaración, después de que otra sentencia cediese la gestión de los parques a las autonomías.

FUENTE: EL PAÍS/EMPRESA SOSTENIBLE.