Lucha contra los residuos

La experiencia irlandesa en materia de lucha contra los “residuos salvajes” ha tenido tanto éxito que muchos países de la Unión quieren probar con ella. Explicaciones.

El 4 de marzo de 2002, el ministro irlandés de medioambiente, Dempsey, saltó a las primeras páginas de los periódicos al anunciar su lucha contra los “residuos salvajes”, es decir contra todo el material de embalaje que inunda las calles.

El fin de las bolsas de plástico

Preparaba la imposición de una tasa de 15 céntimos al consumidor por cada bolsa de plástico utilizada en los supermercados. Se trataba de una medida destinada a reducir la cantidad de bolsas que, llevadas por el viento, tanto afeaban la visión del campo irlandés. Para ello, se pensó en compeler a los consumidores a cambiar de actitud. Por lo pronto, desacostumbrándolos a disponer gratuitamente de tantas bolsas como desearan; después, animándolos a reutilizarlas.

Tras tres años, los resultados impresionan: ya apenas se ven bolsas de plástico en los supermercados, y se han remplazado por bolsas de papel o reutilizables. Según los servicios ministeriales, desaparecieron alrededor de 1 millón de bolsas de plástico del mercado durante el primer trimestre (un 90%), suponiendo un ahorro de 3,5 millones de euros. Este dinero alimenta ahora un fondo medioambiental dedicado a financiar infraestructuras de reciclaje.

Al elevar a Irlanda a la primera división de los países más preocupados por su medioambiente –entre los que se encuentran los países nórdicos-, esta “historia de un éxito” irlandesa también ha proporcionado ideas a otros países de la Unión Europea. Así, desde hace dos años, Dublín acoge delegaciones parlamentarias de todos los Estados europeos deseosos de aprender las sutilezas de este sistema. En diciembre pasado, Malta decidió copiar la medida. A su vez, el parlamento escocés estudia en la actualidad una propuesta de ley con vistas a imponer una tasa de 10 peniques por cada bolsa de plástico utilizada. Por último, los responsables de la limpieza de Bruselas, acaban de regresar de Eire y barajan la posibilidad de implantar el sistema en la ciudad. Los problemas medioambientales no son, pues, una fatalidad aunque no baste la buena voluntad para resolverlos. La tasa anima a los ciudadanos consumidores, ya que incita económicamente a cambiar de hábitos.

De todos modos, muchos gobiernos aún se muestran reticentes ante la idea de imponer un cambio de comportamiento de manera “autoritaria”. Aún más cuando se trata de gravar a la industria nacional. Los países europeos son, por lo general, importadores de bolsas de plástico producidas en Asia. Si la tasa tuviera por consecuencia la aniquilación del mercado, sus repercusiones en el ámbito nacional serían mínimas. No obstante, no ocurriría lo mismo con otros residuos. Una vez más, la experiencia irlandesa en este terreno es muy reveladora.

Los chicles no se salvan

El pasado 25 de marzo, el entonces ministro irlandés de medioambiente, Dick Roche, puso fin a la intriga: no impondrá una tasa unilateral a cada paquete de chicles vendido en Irlanda. Sin embargo, las asombrosas cantidades de dinero empleadas por el ayuntamiento de Dublín para hacer desaparecer las 500 toneladas de chicle arrojadas cada año en las calles del país, justificarían sin dificultades tal medida.

En lugar de una tasa impuesta al consumidor, el ministro prefiere acordar con el sector industrial concernido un acuerdo que implique el pago de un impuesto fijo por el productor de chicles para financiar las campañas de concienciación y limpieza. El matiz entre ambos sistemas es importante, ya que según el caso, el objetivo pretendido no es el mismo.

Mientras la tasa sobre las bolsas de plástico perseguía disminuir su uso, las medidas contra los chicles sólo pretenden evitar que nos los encontremos pegados en el suelo una vez consumidos.

Aun apoyado por la industria, este razonamiento no tiene por qué ser fraudulento. El problema de los llamados residuos salvajes es de comportamiento y de educación. La industria, aunque pueda contribuir financieramente a que evolucionen los hábitos, nunca podrá impedir a punta de pistola que la gente arroje las bolsas y los chicles. De este modo, una tasa directa sobre el producto tendería más bien a agravar el problema, pues una vez pagada, los ciudadanos se considerarían en su derecho de seguir ensuciando, quedando la responsabilidad de limpiar en otros.

Por lo tanto, parece que los instrumentos económicos puestos en pie para abordar la problemática de los residuos deben adaptarse a los objetivos perseguidos: reducir el uso de un producto nocivo para el medioambiente o bien cambiar el comportamiento del consumidor.