Veneguera se estanca en los tribunales

La Provincia, 2-5-2006

No hay acuerdo posible. La promotora Veneguera SA mantiene su petición de indemnización al Gobierno y éste no sólo renuncia a compensar, sino que se plantea no devolver ni los importes por la redacción de varios proyectos que la sociedad realizó para urbanizar ese espacio ahora protegido. El asunto sigue en la sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), sin visos de que haya una resolución a corto plazo. El procedimiento se encuentra aún en fase probatoria, a pesar de que ha pasado más de un año desde que la promotora llevó al Ejecutivo a los tribunales.

Los propietarios de Veneguera SA (75 % del SCH y 25 % de Lopesan) reclamaron en enero de 2005 al Gobierno autónomo una indemnización de 360 millones de euros por no poder urbanizar la zona tras declarar el Parlamento regional en 2003 el barranco del sureste grancanario como Espacio Natural Protegido. La respuesta del Ejecutivo fue tajante al oponerse a la posibilidad de pagar a los promotores. Más de un año después, el consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, Domingo Berriel, asegura que la indemnización será "nula" y "ni siquiera habrá que abonar los gastos acreditados por la sociedad por la redacción de proyectos urbanísticos".

INCUMPLIMIENTOS

Veneguera SA incumplió los deberes que emanan de esos derechos para urbanizar la zona, según el consejero canario. El Gobierno había barajado en un primer momento la idea de compensar a los promotores con tres millones de euros por las obras ejecutadas en el entorno: una carretera de acceso desde el valle de Mogán al de Veneguera, parte del canal de desagüe del barranco y un depósito de agua potable. La actitud del Ejecutivo ahora es de negar hasta esta indemnización porque asegura que Veneguera "incumplió todos los plazos" para urbanizar la zona.

Veneguera será un espacio dedicado al uso y disfrute de los ciudadanos. Éste es el convencimiento de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, cuyo responsable subraya que el Gobierno no tiene "la más mínima preocupación" acerca del dictamen que salga del TSJC. El Cabildo de Gran Canaria recuerda también que en el Plan Insular se veta la construcción en Veneguera por ser un espacio protegido y por coherencia con la decisión en 2003 del Parlamento regional.