POSICIÓN DE ECOLOGISTAS EN ACCIÓN ANTE EL PLAN DE INFRAESTRUCTURAS DE GAS Y ELECTRICIDAD
Si hubiera que resumir anticipadamente nuestra posición ante este Plan diríamos que describe mal la situación de partida, que se mueve dentro de parámetros conceptuales que no compartimos y que tiende al sobreequipamiento.
Describe mal la situación de partida, ya que no se analiza por qué se ha llegado a una situación como la actual y qué influencia han tenido en ella algunas decisiones gubernamentales. Dos ejemplos sirven para aclarar a lo que nos referimos. Durante muchos años, los sucesivos gobiernos han utilizado la reducción en los costes que se producía en el sector de generación eléctrica (una tendencia que ha cambiado drásticamente en los últimos años) para reducir en términos nominales la tarifa eléctrica. Al tiempo se mantenían niveles impositivos sobre los productos derivados del petróleo, tan bajos como era posible en un entorno como la UE. Unas medidas que no dudamos en calificar de muy populares y que tenían la virtud de ayudar a contener la inflación ya que los precios controlados administrativamente y el nivel impositivo sobre productos básicos, sirven evidentemente de referencia para otros precios. En definitiva la política energética se ponía al servicio del control de la inflación y de obtener réditos electorales. Pero es evidente que resultaba absolutamente contraria a cualquier criterio de promoción de la eficiencia y los resultados están a la vista. Mientras el grueso de países de la UE mejoraban su intensidad energética, en el nuestro ocurría lo contrario.
El documento tampoco refleja bien la situación actual ya que no describe los gravísimos problemas ambientales asociados al sistema energético español y mucho menos su espectacular empeoramiento en los últimos años. No se hace ninguna alusión al alejamiento del Estado Español de los objetivos de contención de las emisiones de gases de efecto invernadero pese a que a final del 2004 las emisiones se habían incrementado en más de un 45% con respecto al año base de 1990. El Secretario General de Prevención de la Contaminación y el Cambio Climático ha manifestado su temor a que a finales de 2005 el incremento supere el 50%. Recordamos que nuestro país se comprometió a no aumentar dichas emisiones en más del 15%.
También se evita cuantificar las emisiones energéticas que se derivarían del consumo de energía primaria contemplado en este Plan. En el anexo adjunto hemos realizado dicho cálculo , resultando que en el 2007 el incremento de CO2 de origen energético es del 57,7%, mientras que en el 2011 se quedaría en un 56,6%. Es difícil que con tal nivel de emisión, con independencia del comportamiento de los restantes gases de invernadero, se puedan cumplir los compromisos adquiridos. Desde luego es imposible dentro del espíritu que defendió la UE de alcanzar los objetivos, sobre todo basándose en medidas de política interna. Para alcanzar dicha meta sería necesario recurrir de forma intensiva los mecanismos de flexibilidad.
Pero en este caso falta el cálculo de los costes que para el sistema energético español tendría adquirir estos derechos en los mercados previstos en el protocolo.
En las páginas 37 y 38 existe una alusión somera al marco legal ambiental que afecta al mundo de la energía. Pero este marco no tiene en cuenta otras disposiciones legales que también afectan y se omiten los incumplimientos más fragantes.
Hemos hablado antes de empeoramiento de las condiciones ambientales y desde luego esta afirmación podría documentarse de forma extensa. Aunque para no alejarnos de la valoración del texto, es evidente que éste al menos debería señalar los incumplimientos de la legalidad que se dan en la actualidad. Por ejemplo tanto en el año 2000 como en el 2002 y en el 2004 se superaron las emisiones totales de NOx de grandes instalaciones de combustión (GIC) abiertas antes de 1987 (R.D 646/1991y Directiva 88/609/CEE). Tanto las centrales termoeléctricas, como las refinerías, están incluidas entre las GIC. Juntas representan más del 98% de las emisiones computadas.
En los años citados, se superaron las 277 kilotoneladas de dichos contaminantes. Otro tanto ocurrirá muy probablemente en el 2005 debido a la baja hidraulicidad que ha hecho que las viejas centrales térmicas se hayan usado durante muchas horas. Si, tras tanto tiempo en vigor de la norma se sigue incumpliendo, se aventura difícil cumplir las exigencias de la Directiva 2001/80/CE, transpuesta por el R.D. 430/2004 que se cita.
En la página 38 se dice que, como consecuencia del PNRE (plan de reducción de emisiones de GIC) se reducirán, con respecto al 2001, en un 82% las emisiones de SO2, en un 30% las de NOx y en un 55% las de partículas. Se añade además que: permiten la entrada de nuevas instalaciones de producción, necesarias para atender la demanda energética a lo largo de la Planificación 2002-2011, sin superar el techo previsto para este tipo de instalaciones. Dicho techo está establecido en la Resolución de 11 de septiembre de 2003 de la Secretaría General de Medio Ambiente, pero no presenta una estadística de emisiones del año 2001 (como pretende el texto que discutimos), además fija niveles de emisión para 2010 (no 2011 como se señala en el documento) y tampoco establece valores imputados a la generación de electricidad ni a las GIC (incluyendo refinerías). Por tanto es falsa la frase entrecomillada del texto que hemos reproducido un poco más arriba. Por el contrario lo cierto es que este plan aleja del cumplimiento de los Techos Nacionales de Emisión (fijados por la Directiva 2001/81/CE y la resolución citada) en lo relativo a emisiones de COV y muy especialmente NOx. La reducción en las emisiones específicas de NOx (g/KWh) que se produce al sustituir centrales de gas por otras de carbón o fuel se ve de largo compensado por el incremento del la demanda que actúa en sentido contrario.
Del mismo modo la trasposición de las dos primeras directivas hijas de calidad del aire en el R.D. 1703/2002 ha situado en clara ilegalidad los niveles de calidad del aire de buena parte del país. Así por ejemplo en un buen número de ciudades de tamaño medio y grande (en las que habitan unas 15 millones de personas) se superan los niveles autorizados de NO2 (tanto la media anual -Madrid es el caso más claro- como los valores límites horarios para protección de la salud) o de partículas (PM10 tanto en media anual como los límites diarios). Por tanto la calidad del aire es mala con las consiguientes repercusiones sobre la salud , y además se está violando la ley. Nada de esto se dice en el plan aunque estas superaciones están ligadas al uso intensivo de los productos petrolíferos en transporte. Se habla de los segundos en el capítulo 13, pero se ignoran sus consecuencias ambientales.
En el entorno de las centrales térmicas, según datos que hemos obtenido de las CC.AA., no sólo se superan los valores límites citados anteriormente, sino que es frecuente superar también los límites referidos al SO2. Llegan a presentarse con frecuencia situaciones de alerta atmosférica , sobre todo por superación de los límites de SO2, que de forma sorprendente no son declaradas por las CC.AA. Hablar de incumplimiento generalizado no es exagerar.
Los niveles de contaminación por ozono troposférico (reguladas por el R.D 1796/2003) son también muy elevados en las coronas de grandes ciudades (las superaciones de los niveles de información al público han sido espectaculares en los veranos cálidos de 2003 y 2005, buena muestra de lo dicho se observa en la Comunidad de Madrid con especial incidencia en Majadahonda, Aranjuez, Rivas Vaciamadrid y Fuenlabrada) , y en la proximidades de las centrales térmicas y refinerías (Tarragona o Puertollano son buen ejemplo de ello). Hay que resaltar que tanto los NOx (emitidos fundamentalmente en fuentes móviles, pero también en grandes instalaciones) como los Compuestos Orgánicos Volátiles (COVs) son precursores de este contaminante secundario y ambos provienen además de fuentes energéticas. Uno de los objetivos de la Directiva de Techos Nacionales de Emisión, antes citada, es limitar la aparición de ozono troposférico, sobre todo en los países mediterráneos de la UE. Los valores legales establecidos se incumplen profusamente(AOT40 y límite de protección de la salud especialmente).
En definitiva y resumiendo, el plan no sólo no refleja adecuadamente los múltiples problemas ambientales, sino que además perfila un escenario en el que casi todos ellos empeoran. Parece claro que en un país democrático a un gobierno le toca a veces tomar decisiones entre intereses legítimos pero contrapuestos. Pero si el estado de derecho tiene algún sentido parece claro también que su acción debe desenvolverse en el marco de la ley, algo que como hemos señalado no ocurre. O más brevemente aún: la negativa a reflejar la situación ambiental real en este plan presupone la voluntad de incumplir el marco legal en múltiples aspectos ambientales. Es evidente que un plan, que sólo aspirara a cumplir la ley, debería ser mucho más ambicioso.
El documento también falla a la hora de caracterizar el consumo energético en nuestro país. En la página 14 y 15 se pretende demostrar que el consumo de energía se sitúa por debajo de lo que es razonable en países de nuestro entorno y para ello se evalúa el consumo de energía primaría utilizando paridades de poder adquisitivo. La conclusión que se obtiene es que estamos por debajo de la media, pero confluimos hacia ella. Todo parece ser como debe ser.
Pero tal conclusión es falsa. Lo que ha ocurrido en nuestro país en los últimos años (especialmente a partir de la segunda mitad de los 90) es que la demanda de energía ha crecido desbocada. La afirmación vale tanto para el consumo de energía primaria como de energía final o de electricidad. Como el propio plan señala en varias páginas, en nuestro país se ha producido el hecho anómalo de que la intensidad energética haya ido creciendo en los últimos años. Tanto da que se hable de intensidad final como primaria, ya que es más normal en los países de la UE que la intensidad eléctrica aumente. Faltan informaciones en el Plan que evidencian que las señales de alarma estaban sonando desde hacía bastante tiempo como es el hecho, ciertamente singular, de que las puntas de potencia de demanda de electricidad crecían a tasas mayores que la demanda, lo que es una prueba manifiesta de ineficiencia creciente ya que obliga a mantener un porcentaje creciente de centrales de generación ociosas durante buena parte del año. O que el consumo de electricidad per cápita en nuestro país sea ahora superior al de Italia , país con climatología similar, y con niveles de PIB también per cápita mayores que el nuestro. Sí se refleja en el gráfico 2.2 que la intensidad energética en nuestro país es mayor que en Italia. El factor climático, clave para entender los consumos energéticos es ignorado por los redactores del informe. Tampoco es tan indiscutible como se pretende en la redacción del plan, que la comparación a paridad de poder de compra sea más representativo que utilizar los tipos de cambio nominales, entre otras cosas porque no existe en los mercados internacionales energéticos precios diferenciados para los países que los adquieren. Otros organismos públicos (como el I.D.A.E) emplean en sus publicaciones ambos indicadores. Pero los redactores del informe estaban más interesados en insistir en sus prejuicios que en describir la realidad.
Por nuestra parte no compartimos la idea de que en este país se ha dado un consumo creciente de energía sólo porque se consumía muy poca antes. Por el contrario creemos que ha habido un crecimiento descontrolado del consumo energético, por abandono de políticas energéticas racionales, que ha sido incluso visto como inteligente, porque el precio internacional de los productos energéticos era inusualmente bajo. Permítasenos citar el PEN del año 1991 (el último realizado por una administración del PSOE ) para recordar que los valores de elasticidades contemplados para el consumo de energía primaria, final o de electricidad, eran mucho menores que los reales registrados a finales de los 90. No se creía (con razón) en la administración esa idea tan extraña de que el consumo energético tiene que tender a no se sabe que valor medio propio de un entorno económico, ignorando los niveles de dependencia energética, la climatología, el avance histórico de la tecnología...
Nos parece optimista la previsión de un precio medio del crudo en todo el período que dura hasta el 2012 que se sitúan en una horquilla de 37/43 dólares con un valor más probable de 40 Euros/barril(pág. 16). Cuando se escriben estas notas, pese a los buenos niveles de cotización del Euro frente al dólar (cerca de 1,18) y pese a haberse producido una guerra que, entre otros fines, perseguía el de expoliar las reservas petroleras de Iraq, la cotización está por encima de esa horquilla... Es un verdadero acto de fe, sin pruebas que lo sostengan, creer que el precio del crudo de petróleo descenderá a los niveles indicados en un plazo breve.
Nos encontramos entre los que creemos que muy probablemente a partir de la mitad de este decenio la extracción de petróleo alcance su tasa máxima y que por ello, al no poder cubrir la oferta una demanda siempre creciente, asistiremos a una subida, no necesariamente moderada de los precios del crudo. Nuestras predicciones pueden resultar erróneas , igual que pueden serlo las del plan, pero al menos debería haberse incorporado un análisis de sensibilidad a precios de referencia mayores. Se habla dicho análisis de sensibilidad en la misma página, pero no se reflejan los resultados en el documento. No sabemos como cambiaría el escenario si, por ejemplo, el precio del crudo con el que se abastece nuestro país se mantiene en el entorno de los 50-55 dólares, como viene ocurriendo en los últimos 18 meses.
Tampoco creemos que los precios del gas se vayan a mantener relativamente estables en los próximos años, máxime si todos los países de la OCDE optan por el gas de forma simultánea. Nos parece más verosímil que su precio tienda a aumentar, en términos reales, sobre los valores actuales. Al ser los precios energéticos una variable crítica en el interés por el ahorro no parece adecuado limitarse a contemplar la hipótesis más favorable en exclusiva.
Tampoco aparecen en plan algunas cifras de interés que merecerían ser reflejadas. Por ejemplo que el saldo exterior de la balanza comercial asociada a productos energéticos ha sido muy negativa en los últimos años. Según el Plan de las Energías Renovables recientemente aprobado, en 2004 el saldo negativo fue de 17.500 millones de euros, cifra que representaba el 29% del saldo negativo conjunto de la economía nacional del pasado año. Tratándose del desequilibrio quizá más notable de nuestra economía vale la pena reflejar las consecuencias de las importaciones previstas de gas y petróleo.
No es muy tranquilizador que se comente que: En caso de mantenerse los precios del petróleo en valores altos a largo plazo, la demanda energética se contraería, lo que generaría un margen de seguridad para el sistema, ya que la cobertura se ha calculado para un escenario con una demanda basada en precios en torno a los 40/barril (página 16). Se podría añadir que el coste de ese margen de seguridad sería excesivo ya que se construirían infraestructuras que tendrían uso escaso pero que deberían ser pagadas por los usuarios del sistema. Si contar claro está con los impactos ambientales evitables de las mismas o la posibilidad de destinar los terrenos sobre los que se asientan a otros usos. Resulta curioso como un país, cuyos ciudadanos-usuarios han pagado un precio tan alto por errores de previsión como el nuestro olvide con tanta facilidad esta experiencia. Nos referimos claro está al sobreequipamiento eléctrico que se produjo en los 70, a la moratoria nuclear a que condujo y al pago de el 3,5 % de la factura de la electricidad por todos los usuarios hasta más de 20 años después. Aunque todavía no hemos terminado de pagar tan grave error, ya se aprecia disposición a reincidir en él.
La tendencia al sobreequipamiento es, como comentamos al principio de estas líneas, una característica de este plan. Por ejemplo en la página 32 se señalan los máximos de potencia eléctrica que se producirán en el sistema peninsular en los próximos años. Por supuesto no se contempla la posibilidad de usar la interrumpibilidad para suavizar estos valores. Hay que recordar que no es obligatorio acogerse a tarifas interrumpibles y que los usuarios que se deciden por ellas es tras un cálculo económico en que prevén que ganan. Es cierto que quienes se acogen a estas tarifas tienen gran poder de presión y de creación de opinión. Pero la aplicación dentro de los márgenes legales de la interrupción del suministro a quien se acoge a las tarifas que lo prevén es una práctica absolutamente normal y que como tal debería contemplarse. Es absurdo que no se contemple la interrumpibilidad a la hora de estimar las puntas de potencia.
Si se analiza con detalle la tabla 3.4, en la que se prevé la demanda eléctrica peninsular para los próximos años y la 3.6 ya citada, donde se estiman las puntas de potencia, se observa que se sigue esperando que estas últimas crezcan a tasas más altas que las primeras. Es decir que continúe aumentando la ineficiencia del sistema. Cada vez más centrales funcionan menos horas. Se dice que si se consideran las medidas de gestión de demanda previstas los valores de punta horaria que tendría que afrontar el sistema podrían mejorarse. Las medidas están previstas, pero las puntas de demanda de electricidad que sirven para diseñar la red siguen sin moverse.
La tendencia al sobreequipamiento se mantiene en todas las etapas que se siguen para estimar la potencia eléctrica necesaria para 2012. Por ejemplo En la página 37 se indica que la potencia instalada a finales de 2004 en el sistema peninsular era de 66.784 MW. Esta cifra no coincide con la ofrecida por REE en su informe del año 2004 que es de 68.425 MW. Es decir, sustrae sin justificación casi 1700 MW.
Se señala también que la potencia (errónea) antes señalada permite disponer de 42.502 MW de potencia efectiva. Lo que les lleva inventarse alambicadas explicaciones para explicar como pudo atenderse sin problemas el máximo histórico actual (el 27/01/05) pese a que fue de 43.378 MW. También es falso que la potencia disponible a finales de 2004 fuera de sólo 42.502 MW. Los hechos lo contradicen.
Volviendo a la tabla 3.6 se señala después que los valores de máximo de potencia pueden aumentar en 1.900 MW en condiciones de temperatura extremas. Ciertamente el máximo ocurrido superó de lejos las previsiones de máximos de potencia anteriores. Podría contestarse a esto que estas condiciones extremas de temperatura están asociadas a vientos gélidos del norte (que paradójicamente los mejores especialistas relacionan con el cambio climático) que provocan una mayor disponibilidad del parque eólico. No es nada extraño el excelente comportamiento del mismo en los días fríos del invierno pasado. De hecho en las previsibles puntas de invierno de los próximos años cabe esperar un buen comportamiento del parque eólico. Mucho mejor que el previsto en el modelo que comentamos. No se necesitará por tanto tanta potencia térmica como se indica.
Pero las grandes exageraciones vienen después. En la propia página 37 se indica: para garantizar la cobertura de la punta extrema de potencia demandada en 2011, estimada en 53.300 MW, se considera que es preciso incrementar la capacidad de generación en régimen ordinario en 14.000 MW, además del incremento de la capacidad de generación del régimen especial que, como mínimo se estima aportará 14.000 MW. (El PER se plantea, como objetivo, un incremento de 15.462 MW en 2010), (la negrita es nuestra).Pero poco después en la página 39 se indica que en el 2011 habrá un mínimo de 24.000 MW de centrales de gas y un máximo de 35.000 MW. Es obvio que un exceso, en el mejor de los casos de 10.000 MW, es una aberración.
Para reparar mejor en ello debe tenerse en cuenta que en el año 2011 se prevé que la generación térmica convencional (no nuclear) aporte 120.255 GWh. Si suponemos que entran en la red 24.000 MW de centrales de gas (aunque en esa fecha haya cerrado todo el parque de fuel y fuel-gas, cosa que creemos que no ocurrirá) habría entre térmicas de carbón y de gas en ciclo combinado 35.565 MW que funcionarían 3.381 horas equivalentes. Si se incorporaran los 35.000 MW que se indican en el otro caso , las centrales térmicas funcionarían 2.583 horas equivalentes. ¿Alguien puede pensar que son cifras creíbles?.
La desmesura de los consumos de gas para la generación eléctrica en centrales de ciclo combinado se arrastra a la hora de estimar la dimensión de las estructuras de recepción transporte y almacenamiento de gas natural (gaseoso o licuado). En el apartado 11.9 (página 292) se señala que la punta total del sistema se calcula sumando a la demanda punta convencional la que resulta de que todos los ciclos combinados funcionen al 100 %. Unas páginas después (en la 307) nos enteramos de cómo se prevé que será el sistema energético a abastecer: Y se nos comenta sin rubor que la potencia de ciclos combinados ese año será de ¡36.221 MW!. Una cifra distinta de las antes contempladas y que, como ya hemos probado, con seguridad no se alcanzará.
Sólo después de estas sorprendentes piruetas se justifican proyectos de incorporación de gas al país como son MEDGAS y la planta de recepción de gas de Musel (en Asturias). Hay que resaltar que el proyecto de MEDGAS es provisionalmente para uso exclusivo de sus promotores (como se comenta en varias páginas del informe), pero no ocurre los mismo con Musel.
Nos permitimos recordar que en el Plan anterior (al que viene a actualizar el actual texto) las previsiones de consumo de gas eran casi iguales que en este plan (37,83 Mtep en 2010 frente a 38,9 Mtep en el actual para 2011) y que entonces se consideró suficiente un sistema de entradas al sistema gasista peninsular en el que no se contemplaban ninguna de las dos infraestructuras citadas. MEDGAS tenía consideración de proyecto tipo C y Musel no aparecía.
Centrando nuestros comentarios en ésta última, su consideración no sólo es innecesaria sino contraria los criterios enunciados en el plan. Por ejemplo se dice literalmente que en las líneas de planificación contenidas en el presente documento se propicia un modelo de generación más distribuida que el actual, lo que proporciona una serie de ventajas que se pueden resumir en los siguientes puntos:
- Mantenimiento y mejora de la estructura socioeconómica de las zonas donde se asientan las nuevas unidades de generación.
- Mejora de la eficiencia en la producción eléctrica.
- Reducción del coste de transporte y distribución de electricidad.
- Mejoras en la seguridad y diversificación de suministro.
- Mayor liberalización del mercado.
Si esto lo unimos a que en el "capítulo 5" se entiende que Asturias es una de las comunidades donde la localización geográfica de nueva generación es la menos preferente (página 57) vemos que no existe ninguna justificación para el citado proyecto. No existe demanda convencional que lo justifique, los ciclos combinados previstos pueden ser atendidos desde los sistemas de entrada del Cantábrico sin problemas, se contradicen los criterios más arriba señalados y el conjunto de la demanda peninsular está sobradamente atendida.
