Noticias

Francia: constante polémica nuclear

El gobierno de Francia planea destinar unos 150.000 millones de dólares en los próximos 30 años a plantas nucleares, incluyendo el Reactor Termonuclear Experimental Internacional (Iter, por sus siglas en inglés), pese a advertencias de expertos sobre problemas tecnológicos y ambientales.

El Iter fue concebido en los años 80 como un proyecto de cooperación para uso civil de la energía nuclear, con participación de China, Corea del Sur, Estados Unidos, Japón, la Unión Europea (UE) y la Unión Soviética.

Luego Francia ofreció a la UE duplicar su aporte económico al reactor, cuyo costo previsto en los próximos 10 años es 12.000 millones de dólares, a cambio de que se ubicara en Cadarache, al sur del país.

En los últimos 18 meses, China, Rusia y la UE aceptaron esa propuesta, y París convenció al bloque europeo de lanzar el proyecto sin participación de Estados Unidos ni de Japón, que también quería albergar el reactor.

En el marco de la oposición francesa a la invasión de Iraq liderada por Washington, el emplazamiento del Iter se convirtió por completo en una cuestión política.

A fines de noviembre, la Comisión Europea, organismo ejecutivo de la UE, anunció que estaba dispuesta a financiar sola el Iter e instalarlo en Cadarache, y dio a los participantes no europeos plazo hasta fines de este año para decidir si permanecerán en el proyecto.

El Iter busca emular la fusión nuclear de dos isótopos de hidrógeno (el deuterio y el tritio) que ocurre en las estrellas, y producir helio con una generación colosal de electricidad.

El primer ministro francés Jean-Pierre Rafarin dijo en noviembre de 2003 que el proyecto aportaría ”la energía del futuro, una fuente inextinguible y sin problemas significativos, gracias a la abundancia del hidrógeno contenido en el agua”.

La información científica, sin embargo, contradice al funcionario. El deuterio efectivamente abunda en la naturaleza, pero el tritio, radiactivo, es muy raro e inestable.

Los físicos nucleares franceses Sebastien Balibar, Yves Pomeau y Jacques Treiner escribieron el 25 de octubre en el diario francés Le Monde que un reactor termonuclear presenta tres problemas técnicos de primera magnitud: la producción de los elementos a fusionar, su resistencia a la fusión y el control de la reacción.

Sin embargo, alegaron, el proyecto Iter sólo se interesa por el último, ”e ignora los otros dos, cuya solución es, sin embargo, esencial”.

Para generar un gigavatio de electricidad, un reactor de fusión nuclear necesitaría quemar 56 kilogramos de tritio, pero el Iter no considera el problema de producir ese isótopo ni el de la basura nuclear que generaría esa producción, insistieron los científicos.

Similares dudas provoca el otro gran proyecto nuclear francés, de modernizar las 57 centrales nucleares del país sustituyéndolas por reactores de agua presurizada (EPR, por las siglas en inglés de Reactor Presurizado Europeo).

A fines de octubre, Electricité de France (EdF), el monopolio estatal francés de la electricidad, anunció que en 2007 comenzará la construcción de un primer EPR en Flamanville, en la costa atlántica al noroeste del país, y que espera ponerlo en funcionamiento en 2012, con un costo de 4.000 millones a 5.000 millones de dólares.

El actual parque nuclear francés será obsoleto en 2020, y sustituir la mitad de las centrales por EPR antes de ese año costaría unos 150.000 millones de dólares.

Francia produce 80 por ciento de su energía en centrales nucleares, y es el segundo país del mundo en dependencia de la energía atómica, sólo después de Ucrania.

Actualmente, las únicas naciones europeas con planes de construir nuevas centrales nucleares son Francia, Finlandia y algunas que integraron el llamado bloque socialista.

Alemania, Bélgica y Suecia están entre los países de Europa que, en cambio, han iniciado un desmantelamiento progresivo de centrales nucleares, y Francia es uno de los pocos ausentes de una campaña cuya meta es que 21 por ciento de la energía producida en cada país de la UE surja de fuentes renovables en 2010.

Esa proporción en Francia es actualmente menos de 15 por ciento, y el país ”debería producir ya unos 7.000 megavatios a partir de energía eólica, pero apenas produce 300”, señaló a Tierramérica Hélène Gassin, de la filial francesa de Greenpeace.

La construcción del primer EPR ”contribuirá a garantizar la independencia energética de Francia, y servirá como vitrina para la exportación de esta tecnología” francesa y alemana, según el presidente de EdF, Pierre Gadonneix.

Pero el director de la asociación antinuclear Sortir du Nucléaire, Stephane Lhomme, dijo a Tierramérica que ”no hay prácticamente ningún EPR en funcionamiento en el mundo, y sólo hay tres en construcción”, de modo que faltan ”garantías objetivas de eficiencia de la tecnología”.

Además, las centrales de tipo EPR deberían funcionar 60 años sin interrupción para empezar a dar ganancias, y las autoridades han reconocido que no están concebidas para resistir ataques terroristas o terremotos, sostuvo.

Harry Potter hace peligrar a la lechuza en el Reino Unido

La popularidad del pequeño aprendiz de mago Harry Potter, que tiene una lechuza como mascota, ha disparado la demanda de esos animales en el Reino Unido. Los expertos han expresado su preocupación por esta moda porque las lechuzas, cuyo precio oscila entre 45 y 60 euros en este país, corren peligro cuando sus dueños las ponen en liberdad.

La vida de las lechuzas supera los 30 años, con lo que muchos se cansan de ellas antes de terminar la adolescencia. Gay Christie, que trabaja en Hessilhead Wildlife Rescue Trust, organización que se dedica a rescatar animales salvajes, ha comentado que la gente las deja en libertad pensando que tendrán una vida mejor sin saber que ésta es una práctica ilegal, ya que sus posibilidades de sobrevivir son muy pequeñas.

Turcón planifica una dura campaña contra la ampliación del aeropuerto

Los ecologistas organizarán charlas, conferencias y entrevistas con los vecinos de los barrios amenazados por el proyecto. Harán gestiones en Madrid para intentar frenar las obras

Carmelo OJEDA-Canarias-7.

El grupo ecologista Turcón no quiere permanecer de brazos cruzados frente a las obras de ampliación de las instalaciones aeroportuarias de Gando. No lo ha estado nunca desde el momento en que el Ministerio de Fomento anunció el proyecto, pero ahora los miembros de este activo colectivo se han propuesto intensificar su tarea informativa sobre las consecuencias negativas de índole medioambiental que se derivarán de la construcción de una nueva pista de operaciones en el aeródromo grancanario.

El trabajo de varios meses lo terminó Turcón de perfilar la pasada semana en el marco de una asamblea general de sus componentes.En ella se aprobó el despliegue durante las próximas semanas y meses de una intensa campaña informativa para hacer llegar los «gravísimos efectos medioambientales» a toda la población de la Isla y de modo especial a los miles de residentes en los barrios de Telde e Ingenio que se verán afectados por la futura ejecución del Plan Director del Aeropuerto de Gran Canaria.

La campaña, que se inició con la presentación de un pliego de alegaciones contra el Avance del Plan Territorial del Parque Aeroportuario de Actividades Económicas de Gran Canaria, consistirá en charlas, conferencias y entrevistas con los vecinos de los núcleos de población amenazados por la ampliación. Turcón llevará su campaña más allá de los límites de la Isla, puesto que su objetivo es hacer gestiones en Madrid para intentar frenar el proyecto del Plan Director e informar de los «fuertes movimientos especulativos» que se existen en Canarias en torno a esta obra pública.
Los planes de los ecologistas incluyen la creación de un movimiento para insularizar un problema que, entiende Turcón, «traspasa las fronteras del municipio de Telde».

El suelo urbanizado se dispara un 25% en España y el bosque pierde 240.000 hectáreas en una década

El País, 27-12-2004

Un estudio europeo realizado con satélite de alta precisión destapa miles de obras irregularidades ignoradas por las estadísticas.

Madrid, Valencia, Murcia y Navarra, con subidas del 50% del suelo urbanizado, lideran la explosión de la construcción.

España pierde en 10 años zona forestal equivalente a la provincia de Alava, mientras la superficie agrícola se estanca.

Es la explosión del ladrillo entre 1990 y 2000. Así lo revela un detallado estudio del Instituto Geográfico Nacional realizado con satélite de alta resolución y que ofrece las más detalladas fotografías del cambio de usos del suelo en España. El mapa destapa un aumento espectacular de la construcción en el litoral Mediterráneo.

Las cifras proceden del proyecto europeo Corine Land Conver, que cartografió la superficie europea por satélite en 2000 y la comparó con los datos de 1990. En España, el censo del suelo lo ha coordinado el Instituto Geográfico. Procesar los centenares de imágenes por satélite, con una resolución de 25 hectáreas, ha llevado tiempo. El análisis acaba de concluir.

Domingo Jiménez, ex director de la Agencia Europea del Medio Ambiente e impulsor del Corine, asegura que el aumento de la urbanización era esperable, aunque no de forma tan abrupta: "Crece mucho la urbanización en España, pero especialmente en la costa y en Madrid, donde se observa un desarrollo brutal, incontrolado e insostenible".

Son datos inapelables e independientes, porque el proyecto levantó cierto recelos. Es como "si Hacienda cruzase los datos con los de la Seguridad Social". La ventaja es que se evitan duplicidades. Hasta ahora, Agricultura realizaba sus mapas, Medio Ambiente los suyos para ver el estado del bosque, las autonomías tenían sus datos y los ayuntamientos sus estimaciones. Al final varios satélites y aviones cartografiaban la misma zona, pero los datos no eran comparables porque el que buscaba pinos no miraba si había cemento y viceversa.

La Unión Europea ha adelantado el próximo censo de 2010 a 2015 después del éxito de esta primera experiencia.
Las imágenes sin explicaciones se pueden ver ya en la web: http://image2000.jrc.it/

Desarrollo de Canarias y respeto al Medio Ambiente son compatibles según Mauricio

CanariasAhora.com, 29-12-2004

El consejero de Economía y Hacienda del Gobierno de Canarias, José Carlos Mauricio, se mostró este miércoles convencido de que el "desarrollo de la nueva Canarias es compatible con la protección ambiental" y totalmente necesario, por la relación de nuestro medio natural con la calidad del turismo, básica para el mantenimiento del sector.

Mauricio se manifestó en estos términos en el transcurso de un desayuno de trabajo con medios de comunicación de Tenerife, en el que expuso sus previsiones sobre lo que llamó la "segunda modernización de Canarias" –que el presidente del Gobierno, Adán Martín, calificó este martes de "revolución"- , que consiste en complementar el papel de "potencia turística" del Archipiélago con la recuperación de su liderazgo como "ruta internacional" para el comercio y el transporte de mercancías y personas, a través de la consecución de un mercado único.

En este marco en el que prevé que la "renta de situación" geográfica de Canarias sea cada vez más grande, los puertos "tienen un potencial enorme" y se debe apostar por una "economía integrada para aprovechar el reto de la internacionalización", porque "un modelo sólo basado en el turismo no va a funcionar".

De esta forma, defendió un cambio de mentalidad en la Comunidad Autónoma, de tal forma que se pase de la competencia entre Islas a la complementariedad, "sin que Tenerife y Gran Canaria tengan que tener necesariamente las mismas infraestructuras". Por eso habló de que la revolución debe ser "cultura; los canarios deben abrirse al mundo". Sólo así, según su opinión, "podremos aprovecharnos del comercio internacional que trae consigo la globalización, que en Canarias va a tener unos efectos espectaculares".

De esta forma respondía también a la cuestión de si la reducción de las dimensiones del proyecto del Puerto de Granadilla iba a suponer una pérdida de actividad y desarrollo para Tenerife en favor de Gran Canaria, que tiene el puerto de Arinaga. "Lo que van a debatir las empresas es si los barcos recalan en Canarias, en Tánger o en Algeciras, no en Santa Cruz o Las Palmas", ejemplificó. Mauricio respondió que el puerto de Granadilla en sus actuales dimensiones, consensuadas entre todas las administraciones implicadas, es la solución para "seguir siendo potencia turística mundial y no agredir el medio ambiente", lo que consideró fundamental para el mantenimiento de la industria en sus actuales niveles, a base de invertir en la calidad de los servicios.

No obstante, reiteró que con respecto al puerto de Granadilla, no se descarta que "en los próximos 8 ó 10 años" –después diría 10 ó 15"- el "puerto reducido sea insuficiente y se plantee su prolongación". Explicó que no es aconsejable decir esto en Europa, ya que "es un expediente muy mal colocado allí y podrían echarlo para atrás". Consideró, en este sentido, que es posible lograr el equilibrio entre el desarrollo y el respeto al medio ambiente, que es una demanda social, además de una necesidad para mantener y potenciar la industria turística, que seguiría siendo la base de la economía canaria.

Calificó, no obstante, de "burrada" el hecho de que "no tener el desahogo de Granadilla ha bloqueado la fachada marítima de Santa Cruz". Está convencido de que "aquí sí que se ha roto el equilibrio entre medio ambiente y desarrollismo por no disponer del puerto de Granadilla".

Habló de la importancia de compartir espacio con China, India, Brasil y Sudáfrica –consideradas potencias de intercambios para el futuro- y recuperar la ruta internacional de la que salió por influencia del Cabal de Suez, lo que es posible, detalló, porque "está empezando a ser más rentable perder dos días en traslados que ir por el canal, que se está quedando pequeño para las dimensiones de los buques contenedores que se están construyendo actualmente". Como prueba de lo acertado de sus planteamientos, afirmó que el presidente de la República Popular China, Ju Jintao, que estuvo el pasado 24 de noviembre en Gran Canaria, "no la hizo por Canarias, sino por el puerto". Concretó que los intereses de esta potencia mundial se centran en utilizar Canarias como escala en su tránsito hacia África Occidental, donde van a estudiar sus materias primas.

El paso previo necesario para lograr la internacionalización de la economía canaria es la "regionalización de sus empresas", para lo cual el transporte es básico. Aprovechar estos flujos para integrar la producción propia canaria es otra de las puertas que se abren de cara al futuro.

El derribo de viviendas se ceñirá a las construidas en espacios protegidos

CanariasAhora.com, 30-12-2004

El consejero de Medio Ambiente y Ordenación Territorial del Gobierno de Canarias, Augusto Lorenzo, afirmó este miércoles que su departamento no va a proceder al derribo de viviendas construidas sin licencia que estén situadas "en las zonas que probablemente sean calificadas de urbanas en los planes generales" de los municipios.

Lorenzo contestó así, en declaraciones a los periodistas, a la petición de los presidentes de los cabildos para que se suspendan de forma cautelar la demolición de viviendas ilegales, excepto las situadas en espacios protegidos, costas o cauces públicos, hasta que el Parlamento regional tramite la iniciativa legislativa que sobre este asunto ha presentado el Cabildo de El Hierro.

El consejero dijo que en la Consejería "cumpliremos con la legalidad vigente", marcada por la Ley de Ordenación del Territorio, si bien "la idea fundamental" de su departamento es "actuar con mayor rigor en las infracciones urbanísticas en espacios protegidos, en cauces de barrancos o en zonas de costa". "Esas son las actuaciones que vamos a realizar en los próximos meses", subrayó. También dijo que "a través del planeamiento municipal se podrán solucionar la mayor parte de los problemas que hay en relación a las viviendas en suelo no urbano".

"A partir de esta premisa y de la revisión del planteamiento, no iremos al derribo de las viviendas que estén en las zonas que probablemente sean calificadas de urbanas en los planes generales, pero en el resto seguiremos actuando como lo hemos hecho hasta ahora", afirmó el consejero.

Lanzarote y Fuerteventura presentan un tríptico contra las prospecciones petrolíferas

La Provincia, 30-12-2004

La comisión técnica creada por los cabildos de Fuerteventura y Lanzarote como oposición a las prospecciones petrolíferas estuvo presidida ayer por el consejero de Industria, Andrés Valerón, donde se presentó un tríptico informativo en el que se reivindica, entre otros puntos, que se respete la opinión de ambas instituciones y se les consulte antes de tomar cualquier decisión "que pueda afectar no sólo a nuestra generación, sino a nuestros hijos y a nuestros nietos", indica el tríptico.

Lanzarote parece haberse quedado atrás en su reivindicación, y Fuerteventura no está dispuesta a perder más tiempo. Aunque la isla majorera pretende seguir avanzando junto a Lanzarote, aquella asegura haber perdido tiempo por culpa de la descoordinación que se palpa en la institución lanzaroteña y que "de seguir así seguirá por su cuenta".
En el tríptico se critica al Gobierno central y a las multinacionales petrolíferas por no informar correctamente y por no escuchar a los habitantes de ambas islas. En el tríptico se explica por qué Fuerteventura dice no a las prospecciones, centrándose en que la Isla ha elegido con claridad un modelo de vida que gira en torno al turismo. La comisión también ha elaborado un sitio web dedicado a este tema para transmitir información sobre las gestiones realizadas por la comisión y los pasos a seguir, y también para recibir aportaciones de todas aquellas personas
a las que les interese participar, con el objetivo de ampliar la difusión de la campaña informativa.

Canarias trabaja con Madrid para asumir la gestión de sus parques nacionales en verano

Medio Ambiente reúne a las regiones tras el fallo del Tribunal Constitucional que les da las competencias sobre los parques. El consejero canario quiere que se cumpla cuanto antes.

EFE/MADRID

Los consejeros de Medio Ambiente de las diez comunidades autónomas con Parques Nacionales, entre ellas Canarias, acordaron ayer que en el primer trimestre del próximo año se fijen los criterios que permitan culminar el proceso de transferencias en la gestión de los parques para el verano de 2005.

Responsables de Medio Ambiente de Andalucía, Asturias, Aragón, Baleares, Cantabria, Cataluña, Canarias, Castilla y León, Castilla-La Mancha y Galicia, además de Madrid y Extremadura, que contarán en breve con los parques nacionales de Sierra de Guadarrama y Monfragüe, respectivamente, celebraron un primer encuentro con la ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, tras la sentencia del Tribunal Constitucional que resolvió que la gestión de estos espacios es competencia de las comunidades.

Tras el encuentro, el viceconsejero de Medio Ambiente de Andalucía, Juan Espadas, dijo que todas las comunidades habían expresado la necesidad de fijar un escenario de trabajo «para que en el primer semestre de 2005 se pueda alcanzar un consenso sobre directrices en el reparto de inversiones y criterios de gestión», para que el 1 de julio esté culminada la transferencia.

El consejero de Medio Ambiente de Canarias, Augusto Lorenzo, consideró la reunión necesaria y expresó la «indudable preocupación» porque se dé ya cumplimiento a la sentencia del Constitucional.Lorenzo subrayó la complicación en aquellos casos en que más de una comunidad comparten un parque, aspecto que se analizó en la reunión.

Científicos de 12 países denuncian que la UE deja de financiar un estudio sobre las radiaciones de los móviles

La exposición a las radiaciones de los teléfonos móviles por debajo de los límites que se consideran inocuos provoca modificaciones celulares y en el ADN, aunque no son nocivas. Son los primeros datos extraídos del Proyecto Reflex, desarrollado por 12 equipos de 7 países, entre ellos España. La investigación, sin embargo, no tendrá continuación porque la UE ha paralizado su financiación.

La directora del equipo español, Angeles Trillo, explicó que un estudio de la trascendencia de éste, que, a pesar de los resultados, "está en pañales", no tendrá continuación porque su financiador, la Comisión Europea, así lo ha decidido. "No está claro el por qué. La Unión Europea establece sus prioridades pero hay muchos factores implicados y cómo no pensar que hay presiones para que estos estudios no sigan porque pueden crear una alarma social muy grande" subrayó.

A juicio de Trillo, lo que es incontestable es que los teléfonos móviles "se utilizan mucho" y que "tienen efectos biológicos a nivel celular y molecular y hay que seguir estudiándolo".

El investigador Alejandro Úbeda, miembro del equipo español, explicó que el estudio determina que existen cambios en las células pero que desconocen cuál es el mecanismo que pone en marcha el proceso e insistió en que, por el momento, tampoco podrán averiguarlo porque "no hay fondos para hacerlo".

"Lo que me parece raro -resaltó- es que después de encontrar esos resultados, que aunque no son de nocividad demuestran que hay un efecto por debajo de los límites que se consideran tolerables, es que no se profundice en ellos, que se cierre la carpeta y no se financie su continuación".

Las primeras conclusiones del estudio que han hecho públicas los investigadores no han sido publicadas en ningún medio científico ni congerso especializado, aunque los responsables del mismo confían en seguir analizando los datos para progresar con las conclusiones.

Según Úbeda, la respuesta celular se produce no sólo por el calor generado por las microondas, algo ya sabido, "sino por algo más y el mecanismo que lo genera es desconocido".

Los participantes en el Proyecto Reflex, financiado por la UE y cuyos resultados acaban de ser enviados a la Comisión Europea, han estudiado desde febrero de 2000 hasta mayo de este año los efectos de los campos electromagnéticos de ambientes urbanos industrializados sobre las células utilizando para ello material de laboratorio.

Han analizado dos tipos de campos: las bajas frecuencias, es decir iguales o inferiores a 50 herzios, que son las que emiten los ordenadores o las líneas de alta tensión; y las altas, iguales o por debajo de 1 gigaherzio, que son las microondas de la telefonía móvil, tanto de las antenas repetidoras como de los aparatos. "Si el móvil sólo recibiese no habría problema, el problema es que emite y nuestra cabeza está en medio", resumió Ubeda, experto en biofísica y miembro del servicio de Bioelectromagnetismo del hospital madrileño Ramón y Cajal.

El Proyecto Reflex sólo ha estudiado los niveles iguales o menores que se consideran seguros para el público en general, no por encima, y si en esos límites biofísicos había respuesta celular, de forma que cada grupo de trabajo se ha encargado de una parte y al español, compuesto por siete personas, le ha correspondido el análisis de la membrana de células madre neurales procedentes de ratas de 16 días.

Los doce grupos participantes han analizado células madre procedentes de ratones, cancerosas cultivadas en laboratorio y sanguíneas de voluntarios humanos.

"Ahí la respuesta -dijo Ubeda- ha sido distinta según la edad de los donantes: cuanto más viejo era el sujeto había más modificación celular".

La investigación, añadió, "está madura" para seguir experimentando con sistemas celulares en laboratorios pero no para pasar a humanos y animales.

En sus conclusiones, el Proyecto Reflex, que ha contado con 3,1 millones de euros de financiación -364.000 euros para el grupo español- recomienda que no se abuse del móvil, especialmente, entre los jóvenes.

Ubeda, que sí tiene y usa teléfono móvil, sigue "unas pautas personales" que pueden resumirse en que sólo se pone el teléfono en la oreja cuando ya ha establecido conexión con su interlocutor, evitando así "el pico máximo" de ondas; evita hablar donde hay poca cobertura, porque es ahí donde la señal tiene más intensidad; cambia de oreja y utiliza en lo posible un adminículo de "manos libres".

En información pública el Avance del Plan Territorial Especial del Parque Aeroportuario de Actividades Económicas de Gran Canaria

El Boletín Oficial de Canarias, en su diario de fecha 3 de diciembre de 2004, publicó el anuncio por el que se somete al periodo de información pública el Avance del Plan Territorial que ordena y planifica una superficie en Ojos de Garza y Moriscos.

Los datos más relevantes de este Avance son los siguientes:

OBJETIVO DEL PLAN: desarrollo de una operación estratégica al objeto de crear un Parque de Actividades Económicas para aprovechar las oportunidades generadas por el Aeropuerto de Gran Canaria con el fin de atraer actividades empresariales, productivas, logísticas y comerciales

SUPERFICIE AFECTADA: 202, 27 Ha. (Telde: 124,30 ha) – (Ingenio: 71,75 ha)

ARGUMENTACIÓN JURIDICA: la creación de este Parque se basa en los Planes Insulares de Ordenación (PIO-1995 y actual 2004)

NÚMERO DE PARCELAS AFECTADAS: 102 parcelas – 52 propietarios distintos
Telde: 66 – 31
Ingenio: 36 - 21

AFECCIONES MÁS IMPORTANTES:
 Ocupación de suelo productivo. Suelo agrológico que este Avance considera como un impacto “medio-alto”. Desaparición de todas las plantaciones, y toda la red de infraestructuras anexas.
 Voladuras en 1,4 Ha. de terrenos
 Ocupación de 6 cauces de barrancos. Algunos se propone su desvío y canalización.
 Yacimiento arqueológico (La Montañeta)

REDACTORES DE ESTE AVANCE DE P.T.E: “Queiros y Asociados”

Los interesados tendrán de plazo para presentar alegaciones hasta el día 4 de enero de 2005. El Colectivo Turcón-Ecologistas en Acción ha pedido al Consejero del área responsable, Carlos Sánchez, la ampliación del plazo hasta finales del mes de enero, por coincidir el periodo de información pública con las fechas navideñas. No obstante, el Colectivo Turcón ya ultima sus pliegos de alegaciones e invita a las personas y afectados a conocer el Avance.

Urbanismo rechaza la solicitud para ubicar una machacadora en la Sima (Telde)

Un informe técnico entiende que el proyecto no coincide con el previsto en el Plan Especial de Restauración de la zona. El promotor insiste presentando un estudio de impacto favorable

El expediente se encuentra en información pública hasta el 6 de enero. El Colectivo Turcón-Ecologista en Acción ya prepara sus alegaciones.

Canarias-7 (Telde). La Concejalía de Ordenación Territorial del Consistorio teldense ha rechazado, al menos en primera instancia, la solicitud de la empresa adjudicataria del vertedero controlado de Hoya Caldereta para ubicar en ese lugar, en la misma falda de la protegida Sima de Jinámar, una planta de clasificación y trituración de residuos de construcción. El informe técnico desfavorable es firme y ya ha sido enviado incluso a los promotores de la iniciativa, la UTE que conforman Construcciones Rodríguez Luján, Transportes Cerrillal y Félix Santiago Melián.

Ese dictamen, del 20 de diciembre pasado, entiende que el proyecto aportado fija un uso no coincidente con el Plan Especial de Restauración previsto para la zona, degradada por sucesivas extracciones de áridos y, por tanto, insta a que sea eliminado del expediente a través del cual esta UTE está tramitando la solicitud de apertura del vertedero.
El técnico explica que la maquinaria que se aprobó en el proyecto inicial era «la necesaria única y exclusivamente» para cumplir con el objetivo de crear un vertedero de residuos inertes que sirviese para rellenar una hondonada degradada producto de pasadas actividades extractivas y para recuperar así el perfil natural de aquel paisaje con una fase final de restauración vegetativa del paraje. En ese sentido, la planta de tratamiento ahora propuesta abre la puerta a un uso comercial que no estaba en el proyecto inicial que fue adjudicado en noviembre de 2002 por un presupuesto de 1,3 millones de euros y que fue autorizado, además, por la Consejería regional de Medio Ambiente dados los fines ecológicos de la idea.

En España, no se garantiza el derecho de acceso a la Información Ambiental

SE SIGUE INCUMPLIENDO LA TRANSPARENCIA, ANTE EUROPA...

La actitud de las distintas Administraciones a la hora de ejercer el derecho de acceso a la información ambiental, en especial por el abuso del silencio administrativo, deja indefensa a la opinión pública española.

El Convenio que incumple España, sobre el Acceso a la Información, la Participación del Público en la Toma de Decisiones y el Acceso a la Justicia en Materia de Medio Ambiente, más conocido como Convenio de Aarhus por ser ésta la ciudad danesa en donde se firmó el 25 de junio de 1998, es un convenio internacional adoptado en el marco de la Comisión Económica para Europa de las Naciones Unidas.

Un informe elaborado por WWF/Adena sobre su experiencia en el ejercicio del derecho de acceso a la información ambiental durante el último año revela que para más de la mitad de las solicitudes realizadas no se cumplió la Directiva 90/313/CEE, de 7 de junio de 1990, relativa a la libertad de acceso a la información en materia de Medio Ambiente, debido a la aplicación del silencio administrativo.

Transcurridos catorce años desde la publicación de esa Directiva, y cuando aún debe trasponerse a la legislación española la nueva Directiva 2003/4/CE, WWF/Adena ha realizado un análisis de su aplicación y eficacia. Para ello ha tomado en consideración las solicitudes de acceso a la información ambiental realizadas por la organización en el último año a la Administración del Estado, la Comisión Europea y las CCAA.

El resultado ha sido que en dos de cada tres solicitudes se ha incumplido la Directiva, esto es, no se ha obtenido la información ambiental en el plazo de dos meses. Con relación a la falta de respuesta, una de cada tres solicitudes realizadas a la Administración del Estado no fue contestada, porcentaje que se eleva al 50% en el caso de las CCAA. En contraste, todas las solicitudes a la Comisión Europea obtuvieron contestación y dentro del plazo. Esta situación obliga a WWF/Adena a interponer recurso en una de cada dos solicitudes, que han de ser recurridas para obtener la información.

WWF/Adena concluye que la Administración del Estado y las CCAA no están facilitando el ejercicio del derecho de acceso a la información ambiental, y destaca como principal escollo en la aplicación de la Directiva la falta de contestación, ya que ello trae como consecuencia la falta de motivación de la denegación de la información, que además de suponer un incumplimiento de la Directiva, deja al solicitante en la más absoluta indefensión.

Juan Carlos del Olmo, Secretario General de WWF/Adena, manifestó: “La situación actual es de absoluta indefensión por la dejadez de las Administraciones amparada en el silencio administrativo. Pedimos a las Administraciones que faciliten el derecho a la información, una herramienta fundamental para la defensa del medio ambiente” Ante esta falta voluntad política, de poco servirá la nueva norma de transposición de la Directiva 2003/4/CE que debe entrar en vigor antes del 14 de febrero de 2005.

La NASA estudia la posibilidad de plantar pinos en el planeta Marte

El Mundo, 21-12-2004

Científicos mexicanos y estadounidenses estudian las causas de la resistencia de los pinos que crecen en las laderas de la montaña más alta de México, el Pico de Orizaba, para plantarlos en Marte. Los científicos analizan desde hace años la sorprendente adaptación y resistencia de los árboles de esa especie que crecen en esa montaña, de 5.647 metros de altura, en condiciones tan adversas como el frío y la falta de oxígeno.

La investigación se inició hace cinco años en el marco del proyecto denominado "Terraformación del planeta Marte", en el que participan expertos de la NASA y de las universidades públicas Nacional Autónoma de México (UNAM) y Veracruzana, en Veracruz (Golfo de México). El propósito del proyecto es entender cómo crear condiciones propicias para el desarrollo de la vida en otros planetas, específicamente en Marte, explicó el investigador del Instituto de Ciencias Básicas de la Universidad Veracruzana Luis Cruz Kuri.

La investigación consiste en estudiar en la Tierra los innumerables procesos de adaptación de la vida en zonas extremas, en este caso la flora en las faldas del Pico de Orizaba, donde se desarrolla una especie de pino. Los científicos descubrieron que las laderas de este volcán dormido son las únicas en el mundo donde pueden vivir plantas a esa altura.

"En el Pico de Orizaba hemos registrado la línea de árboles más alta en todo el mundo (entre los 4.100 y 4.200 metros sobre el nivel del mar)", dijo Kuri. Agregó que este fenómeno "hace cuestionarse a los científicos sobre las causas que hacen posible la vida vegetal a esa altura y temperatura extrema, pues sólo así podremos llevarlos a Marte, planeta mucho más frío que la Tierra".

El científico mexicano explicó que el análisis de los pinos que lleva a cabo el investigador de la NASA Fred Rainey determinará las condiciones que hacen posible su crecimiento a esa altura y cómo es que sobreviven en condiciones extremas. Destacó que también se estudian las bacterias adheridas a los pinos, ya que se cree que ellas permiten su crecimiento.

En ese sentido, el director del Instituto de Ciencias Nucleares de la UNAM, Rafael Navarro González, señaló que las bacterias adheridas en los pinos producen fertilizantes que, al parecer, generan la fotosíntesis y sus propios alimentos, lo que permite el crecimiento de estos árboles en una zona tan inhóspita.

Medio Ambiente reduce los accesos, los usos y las estancias en el interior de las Dunas de Maspalomas

La Provincia, 21-12-2004

El Plan Director de la Reserva Natural Especial de las Dunas de Maspalomas ya está en vigor tras su publicación ayer en el Boletín Oficial de Canarias. Este documento de ordenación del espacio natural más visitado de la Isla, que regula pormenorizadamente todos sus usos, reduce o elimina los más impactantes como son los accesos, el safari dromedario, los goros cortavientos y la estancia en su interior demandada de forma mayoritaria por la población gay.

La normativa de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio del Gobierno de Canarias dispone además la posibilidad de declarar la reserva como área de gestión integrada, lo que conllevaría a todas las actividades económicas de Playa del Inglés
y Maspalomas a cofinanciar la conservación del paraje, en el caso de que las administraciones sean incapaces de llevar a cabo los programas de actuación previstos en el plan director.

El documento establece una drástica reordenación de los accesos al espacio natural, para lo que se eliminan el paso por el barranco de Maspalomas, desde el hotel Riu Palace y el vallado para los que salen del Mirador de las Dunas. Para un control eficaz se propone dos instalaciones para regular el acceso, que se ubicarán en el Mirador de las Dunas y en el Área de Recepción de Usuarios a los que se dotará de personal.

Otra de las actividades que se limitarán será la estancia en el interior de las dunas, demandada en buena parte por la población gay. En concreto, la hoya que se ubica frente a la charca desde el paseo, con una importante riqueza botánica y faunística se incluirá como zona de exclusión, lo que sólo permite su acceso para fines científicos o de conservación.

El plan director establece la eliminación de las instalaciones del safari dromedario, actividad además que tendrá que ajustarse a determinadas condiciones, así como el de los goros cortavientos situados junto a la playa. El acondicionamiento estético del Anexo II y el paseo Costa Canaria es otra de las actuaciones a ejecutar en la zona. El otro gran elemento que introduce el nuevo modelo de gestión para las Dunas de Maspalomas es el de la posibilidad de crear un Área de Gestión Integrada, declaración que no se formalizó ante las deficiencias del plan director para actuar en la zona urbana, pero que si se podría ratificar dentro del Plan Especial Territorial de Reforma de Playa del Inglés que tramita el Cabildo grancanario.

En cualquier caso, el documento señala que si no se ejecuta el programa de actuación "se deberá valorar la incorporación de la declaración de Área de Gestión Integrada". El Plan Director dispone un ambicioso programa de actuación en materia de infraestructura, restauración del medio, seguimiento ambiental e investigación.

Madrid recorta las ayudas al transporte público por carretera en Canarias

La Provincia, 18-12-2004

El Consejo de Ministros aprobó ayer el acuerdo por el que se concede una subvención de 18,4 millones de euros a la Comunidad Autónoma de Canarias, en concepto de entrega a cuenta del ejercicio 2004 de los Contratos-Programa a suscribir con la Administración General del Estado para la financiación del transporte colectivo por carretera. El Gobierno de Canarias y las empresas del sector reclamaban 15 millones de euros por año para un contrato-programa a cuatro años. Finalmente, el Ministerio de Fomento, que dirige la ministra Magdalena Álvarez, ha recortado esa subvención notablemente, lo que ya produjo en su momento fuertes protestas del Ejecutivo y de las empresas afectadas.

Aunque los Contratos-Programa suscritos entre la Administración General del Estado, la Comunidad Autónoma de Canarias y los Cabildos vencieron el 31 de diciembre de 2003, en todos ellos se recogió una cláusula en la cual se manifestaba la intención de las Administraciones
firmantes de dar continuidad a los mismos. Según se informó ayer tras el Consejo de Ministros, durante el ejercicio 2004 se ha avanzado "notablemente" en la negociación de los contratos-programa, pero ésta aún no ha finalizado. No obstante, se decidió ayer esta entrega a a cuenta "con objeto de no perjudicar financieramente a los operadores de transporte colectivo", se informó en un comunicado.

En la distribución por Islas de la aportación de la administración general del Estado, Gran Canaria se lleva 8,27 millones de euros (el 45 por ciento del total); Tenerife, 7,22 (el 39 por ciento); Lanzarote, 900.000 euros (el 4,9 por ciento); La Palma, 890.000 (4,9 por ciento); Fuerteventura, 544.000 (2,96 por ciento); La Gomera, 397.000 (2,16 por ciento); y El Hierro, 164.000 (0,89 por ciento.

El Gobierno regional, a través del consejero de Infraestructuras y Transportes, Antonio Castro, dijo en su momento, cuando fue anunciado el recorte, que esperaba reconducir la situación en conversaciones con el departamento de Magdalena Álvarez. Sin embargo, el Consejo de Ministros respondió ayer con ese fuerte recorte de las subvenciones.

El Cabildo de Gran Canaria quiere ´clonar´ los pinos centenarios de los altos de Gáldar

La Provincia, 19-12-2004

El Cabildo de Gran Canaria promueve un proyecto que dispone la "clonación" de los históricos pinos de Gáldar, de los que sólo quedan 11 ejemplares para los que se estima una edad de 400 años y que se encuentran en una situación de extrema vulnerabilidad.

Esta iniciativa para la conservación de este específico material genético se extiende a su vez a otra colonia antigua de pinus canariensis localizada en Arguineguín, aunque en ésta sólo se establece la recogida de semillas. Este proyecto responde a una iniciativa entre la Unidad de Anatomía y Genética Forestal de la Escuela Técnica Superior de Montes de la Universidad Politécnica de Madrid y la Consejería de Medio Ambiente y Aguas del Cabildo grancanario.

La coordinadora de esta iniciativa, Inés Calzada, explicó que la conservación de una especie pasa por tener una diversidad genética para lo que se seleccionaron ejemplares históricos de
pinos de zonas húmedas, como es el caso de los de Gáldar, y de áreas secas como los situados sobre el pueblo de Arguineguín. "Se supone que por su ubicación y su aislamiento la información genética de estas colonias tiene que ser diferente", detalló la ingeniera forestal Inés Calzada.

El inventario sobre los Pinos de Gáldar, que por su destacado porte han dado su nombre a la zona donde se ubican, se saldó con que sólo quedan 11 ejemplares en una situación delicada ya que se encuentran rodeados de pinos de otra procedencia, lo que origina la hibridación de sus semillas. Por esta circunstancia de mezcla de unas semillas con otras, la actuación ha dispuesto la obtención de unas yemas de los históricos Pinos de Gáldar y se han injertado en pinos canarios jóvenes cuyo desarrollo se basará en el material genético incorporado.

"Estos pinos se han plantado en una parcela de la finca de Osorio para obtener semillas de estos pinos y asegurar así que no hay una hibridación", apuntó Inés Calzada.

En el caso de los pinos de Arguineguín, de los que sobreviven unos 100 ejemplares, sólo se ha previsto la obtención de semillas toda vez que se encuentran aislados. Con la recolección de semillas de los pinos de Gáldar y Arguineguín se conservará un material genético de unos pinos que han sobrevivido a situaciones extremas.

El Ministerio de Fomento responde a Turcón

El Director General de Aviación Civil, dependiente del Ministerio de Fomento, ha remitido una carta al Colectivo Turcón-Ecologistas en Acción, en contestación a la consulta planteada sobre la ampliación del Aeropuerto de Gran Canaria.

El Director General nos niega el informe evacuado con arreglo a la Disposición Adicional del Real Decreto 2591/1998, aunque nos comunica que en su momento emitió el informe respecto al Plan Insular de Ordenación del Territorio de Gran Canaria (PIO).

La cuestión que queríamos conocer era si el PIO-Gran Canaria había recogido y adaptado su planificación a la huella sonora de la ampliación del aeropuerto, conocer esos informe evacuados en su momento por el Ministerio y verificar el conocimiento de Aviación Civil sobre la aprobación del PIO.

Hay que recordar que el movimiento ecologista ha recurrido en la Sala Contencioso-Administrativa del Tribunal Superior de Justicia de Canarias el PIO, por varios motivos, entre los que se encuentra la ampliación del aeropuerto y la planificación urbanística de su alrededor con graves consecuencias para las personas que vayan a vivir en el entorno del aeropuerto.

Protección para la piña de mar, una planta endémica que crece en la costa de Telde

Urbanismo acepta las ideas de Turcón para la piña de mar

El Consistorio da curso a todas las medidas de los ecologistas para preservar la planta

Carmelo Ojeda-Canarias-7 (Telde). El Ayuntamiento de Telde tendrá en cuenta todas las alegaciones que el colectivo ecologista Turcón presentó a la modificación puntual del Plan Parcial del PAU-7A de Lomo de Taliarte, impulsado por la propia institución municipal y los propietarios del suelo para mantener libre de edificación el hábitat donde crece la piña de mar (Atractylis preauxiana), una especie botánica en peligro de extinción.

La nueva urbanización residencial que se alzará en los terrenos que atraviesa la carretera que va al puerto pesquero de Taliarte reservará 11.406 metros cuadrados como espacio libre para preservar el espacio natural de esta diminuta planta endémica de Canarias.

En sus alegaciones, Turcón planteaba la necesidad, y el Consistorio lo ve bien, de una «gestión integrada y conjunta» del futuro parque de la piña de mar, un ámbito que incluirá el sistema general de 16.650 metros cuadrados que el PGOU de Telde reserva en la zona como parque urbano de Playa del Hombre y el espacio libre de más de 10.000 metros cuadrados destinado a preservar la Atractylis preauxiana.

Según consta en un reciente acuerdo de la Junta de Gobierno Local que resuelve las alegaciones presentadas al proyecto, el Consistorio teldense asume también la medida propuesta por los ecologistas de que se coloque un vallado perimetral que proteja la zona de la piña de mar de posibles impactos negativos de carácter irreversible durante la ejecución de los trabajos de urbanización del suelo del PAU-7A de Taliarte.

De igual manera, se informa favorablemente la idea de los componentes de Turcón de que, para evitar daños al estado fitosanitario de la población de esta especie botánica durante el desarrollo de las obras, se proceda al «mojado continuo» de las plantas.

Se reproduce a continuación el texto de las alegaciones presentadas en el mes de octubre en el Ayuntamiento de Telde.

"Somos muy consciente que el descubrimiento de la piña de mar, ha trastocado toda la planificación de los chalet que se construirán, eso junto con nuestro verdadero objetivo el cual es la conservación de la nueva especie, nos ánima a resolver cuanto antes el expediente para que se articulen las medidas preventivas y de ordenación para proteger finalmente la piña de mar.

La situación en la que se encuentra de total abandono, sin vallado, sin protección, con entrada nocturna de vehículos, vertedero incontrolado de material inerte y de otros elementos ajenos y perjudiciales para el desarrollo y convivencia de un endemismo botánico, nos hacen valorar la posibilidad de que el inicio de la ordenación de aquel lugar sea prioritario.

Alegación nº 2, sobre la importancia de la piña de mar:

Aproximadamente en el año 1846, Schultz Bipontinus en Phytographia Canariensis de Webb & Berthelot, describe una población de piña de mar, utilizando material recolectado en Punta de Melenara en la isla de Gran Canaria, constituyendo esta población su locus classicus (localización potencial). En la actualidad, la distribución de esta especie abarca las islas de Gran Canaria y Tenerife. En la primera cuenta con tres poblaciones (Melenara, Tufia y Arinaga), mientras que en Tenerife se han constatado su presencia en un total de 11 localidades en el sector suroriental de la isla.

Kunkel en 1977 considera destruido el locus classicus de la especie en Melenara, quedando únicamente en la isla la localidad de Arinaga, gravemente amenazada por obras mecánicas y el desarrollo de la urbanización industrial. No obstante, Montelongo en 1983, al estudiar la situación de las comunidades costeras de Gran Canaria, indica que la población de Melenara se encuentra en situación muy crítica con reducido número de individuos, al estarse recubriendo con escombros las pocas plantas que quedan.

En enero del año 2002, tras la polémica de la destrucción por las obras del paseo marítimo de Melenara-La Garita, Turcón anuncia el descubrimiento de nuevos ejemplares de Atractylis preauxiana en los Lomos de Taliarte, afectados por al PAU-7 A.

En el primer momento socios de Turcón cuentan aproximadamente unos 60 ejemplares, más tarde el grupo del SEPRONA contabiliza unos 100 y los informes de los biólogos de la viceconsejería de Medio Ambiente de Gobierno de Canarias suman un total 174 ejemplares.

La piña de mar es una especie catalogada como “en peligro de extinción” según la Orden de 9 de julio de 1998, por la que se incluyen determinadas especies en el Catálogo Nacional de Especies Amenazadas y cambian de categoría otras especies que ya están incluidas en el mismo. La catalogación como “en peligro de extinción” lleva aparejada una serie de prohibiciones genéricas que abarcan todas aquellas actuaciones no autorizadas que afecten a dichas especies, tales como la corta, arranque, recolección de semillas, etc. del mismo modo, se considera como infracción muy grave la destrucción, muerte, deterioro, recolección, comercio, captura y exposición para el comercio o naturalización no autorizada de planta catalogadas “en peligro de extinción”, así como de sus propágulos o restos. Anexo I de la Convención para la Conservación de la Vida Silvestre y Hábitats Naturales de Europa suscrito por España el 19 de septiembre de 1979 y ratificado el 13 de mayo de 1986, declarándose como especie “estrictamente protegida”.

Además esta especie se incluye en el Anexo II de la Directiva 92/43/CEE relativa a la Conservación de los Hábitats Naturales y de la Flora y Fauna Silvestres, transpuesta al ordenamiento jurídico español mediante el R.D. 1997/1995, de 7 de diciembre (B.O.E. nº 310 de 28 de diciembre de 1995), siendo considerada como prioritaria.

Se trata de una especie catalogada “en peligro de extinción”, incluyéndose tanto en el Catálogo Nacional de Especies Amenazadas (O.M. de 9 de julio de 1998, B.O.E. nº 172 de 20 de julio de 1998; Corrección de errores B.O.E. nº 191, de 11 de agosto de 1998) como en el Catálogo de Especies Amenazadas de Canarias (Decreto 151/2000, de 23 de julio, B.O.C. nº 97 de 1 de agosto de 2001).

Los informes técnicos proponen el establecimiento de una estrategia conjunta con los organismos implicados para el desarrollo de medidas que no deberían restringirse al área de extensión de la especie sino a una superficie mayor (aproximadamente 25.000 m2) de manera que se compatibilice el desarrollo urbanístico previsto en la zona con la protección y conservación de los ejemplares de la citada especie protegida. Cosa complicada, porque por un lado el Gobierno de Canarias tiene competencias en planes de recuperación, el Cabildo de Gran Canaria con competencias en la conservación de especies y el Ayuntamiento de Telde con las competencias urbanísticas. Por tanto, se propone crear un consorcio o delegar todas las competencias en la viceconsejería de Medio Ambiente para que pueda gestionar el parque de la Atractylis preauxiana

Alegación nº 3, sobre el sistema general anexo:

En la nueva cartografía se aporta una zonificación de 10.000 metros cuadrados para la reserva de la piña de mar y junto a esta zona, un sistema general SG1-para parque urbano, de 16.650 metros cuadrado.

Lo que pedimos desde este Colectivo Ecologista es una coherencia territorial a la hora de ejecutar ambas zonas. Que sea solo una unidad de actuación. Que el futuro parque urbano no constituya una obra gigantesca al lado de un jardín marginal. Todo debe tener una coherencia territorial y mantener una uniformidad en cuanto a la integración de las especies protegidas.

Eso permitiría alcanzar los 25.000 metros cuadrados que se aconsejaban para la conservación y recuperación de la piña de mar, en los informes técnicos previos a esta modificación del PAU,. De otra manera, consideramos insuficientes los 10.000 metros cuadrados que se reservan exclusivamente para la especie protegida. Una manera de incrementar la zona, la hemos sugerido en el punto anterior: ceder las competencias del desarrollo del SG-1 a la viceconsejería de Medio Ambiente del Gobierno de Canarias para la propagación e integración de la piña de mar en la zona y la figura urbanísticas en la zona protegida.

Alegación nº 4, sobre un vallado preventivo:

Consideramos imprescindible un vallado preventivo desde el primer momento del inicio de las obras. El Ayuntamiento de Telde, entre las exigencias que debe documentar a la hora de dar la licencia urbanística es la de exigir al promotor un vallado preventivo del perímetro de la zona roja, de la zona de expansión de la piña de mar. Un vallado preventivo metálico abierto de tal manera que no sea un obstáculo y un muro de retención a las marismas y a los vientos predominantes, que son los que alimentan a la especie y han hecho posibles la supervivencia de esta planta.

El vallado es muy importante porque evita que cualquier obrero y las maquinarias puedan sepultar las plantas por accidente. La planta recordemos tiene un tamaño minúsculo y es difícil de detectar en el paisaje para los no especializados.

Alegación nº 5 sobre el inicio de las obras:

Otras de las precauciones que debemos exigir a la hora de la redacción de la licencia urbanística es que todas las obras, en las cercanías y en el entorno de la zona reservada para la piña de mar, es el de obligar a la empresa constructora, el mojado constante del suelo para que el polvo ya sea por el transito de vehículos, ya sea por la maquinaria pesada extrayendo material, no afecte por deposición a las plantas y terminen sepultándola.

Alegación nº 6 sobre los nuevos viales:

Consideramos de especial relevancia la nueva ordenación de viales y calles que van a rodear al jardín de la piña de mar. Esta especie se ha propagado por la loma, gracias a los vientos alisios, al aporte de sedimentos propicios para el sustrato que la planta necesita y al azote de las marismas que constantemente entra por la bocacalle existente actualmente entre las viviendas construidas y la trasera de la residencia de mayores de Taliarte.

Cualquier obra que suponga un obstáculo a estos elementos eólicos pondrá en riesgo la supervivencia de la especie. Si cerramos el grifo que alimenta la planta, cerramos definitivamente cualquier plan de recuperación y desarrollo de la especie.

Por ello, solicitamos un trato cuidadoso y respetuoso, tanto en los viales, como en los obstáculos, aceras, muros, amontonamiento de materiales, etc… para que no cercene la entrada de vientos y materiales eólicos que alimentan a la piña de mar.

Merece la pena la protección de esta especie, debemos pensar que su protección regirá cualquier actuación y que los esfuerzos nacionales e internacionales por mantener nuestra biodiversidad se debe ver reflejada tanto en la actuación municipal como en las operaciones privadas"

La caza furtiva en el Congo amenaza con exterminar a los bonobos, los primates más parecidos al ser humano

10 dic (Noticias 24 horas)

La caza furtiva en el Congo amenaza con exterminar a los bonobos o chimpancés pigmeos, probablemente los primates más parecidos al ser humano, denunció hoy la organización para la protección de animales World Wildlife Fund (WWF). "El mundo está a punto de perder la especie de primates más parecida genéticamente a los humanos", dijo Richard Carroll, un estudioso de los primates y director del programa de esta organización ambientalista en el África central.

"Tienen la única sociedad dirigida por hembras, basada en una estructura social que promueve la cooperación y la paz y que resuelve los conflictos a través del sexo. Si los humanos permitimos que desaparezcan nuestros parientes más cercanos, habremos fallado como especie," añadió Carroll.

Estos chimpancés pigmeos habitan en la República Democrática del Congo y su población total se pensaba que alcanzaba los 50.000 ejemplares. Sin embargo, un estudio reciente encargado por el Gobierno congolés ha concluido que pueden quedar solamente 10.000 bonobos en libertad. La extinción de los bonobos se debe al aumento de cazadores furtivos en la zona, según la organización para la protección de los animales.

Resuelve sus conflictos a través del sexo

La investigación sobre estos primates se ha centrado en el Parque Nacional Salonga, que tiene una superficie similar a Holanda. WWF ha denunciado que, según los primeros datos, sólo se encontraron rastros de bonobos en una cuarta parte de la superficie, mientras que las evidencias del paso de cazadores furtivos proliferaban en todo el parque.

Este hallazgo coincide con el 75 aniversario de la descripción científica de los bonobos por un investigador alemán. Previamente habían sido confundidos con chimpancés comunes, pero en 1929 fueron catalogados como especie única. Para el experto en primates Carroll, este hallazgo es "alarmante".

En un país que ha sufrido varias guerras en los últimos años, "el Parque Nacional Salonga se creó específicamente para salvaguardar la especie de los bonobos y creímos que aquí estaban a salvo. Si aquí están tan mal, cómo estarán en el resto del Congo", añadió. Los bonobos viven en sociedades matriarcales que potencian la cooperación entre los miembros del grupo y muestran muy poca agresividad.

Esta especie resuelve sus conflictos a través del sexo, un comportamiento único entre los primates. Aunque de igual altura que los chimpancés, los bonobos son más delgados, tienen el rostro oscuro y labios rojizos. Además, su ADN se diferencia sólo un 1,6 por ciento del de los seres humanos.

En el mundo hay unos 400.000 grandes simios, repartidos
en 21 países africanos y dos asiáticos

Los cinco parques naturales de la República Democrática del Congo son los lugares donde residen gran parte de los gorilas de las montañas, y otras especies amenazadas de extinción. Los expertos calculan que en la actualidad hay en el mundo unos 400.000 grandes simios, repartidos en 21 países africanos y dos asiáticos, cuya supervivencia depende, ante todo, de la conservación del medio natural en el que viven.

El crecimiento demográfico, las guerras, la caza furtiva para la venta de carne y productos derivados, la destrucción de los bosques así como otras actividades ilícitas como el tráfico de bebés-gorila, son algunos de sus principales enemigos. Se prepara una futura declaración internacional sobre la protección de estos animales, a los que la Ciudad de las Ciencias y la Industria de París dedica una exposición titulada "¿ Los grandes simios van a desaparecer?".

Hogares fuera de la ley

Diario de Avisos, 16-5-2004

Ante la escasez de territorio y los altos precios de los pisos, miles de canarios construyen su casa en suelo rústico. La construcción de casas ilegales continúa siendo uno de los principales problemas sociales y urbanísticos de Canarias. Los esfuerzos puestos en marcha por las administraciones local y autonómica y con gobiernos de distinto signo político no han servido para frenar, o al menos visiblemente, la creencia tradicional de que el que tiene una finca y construye una casa en ella no será sancionado, independientemente de la calificación de ese suelo.

Los principales motivos que han conducido a esta situación de colapso son varios. A la escasez de territorio en una comunidad autónoma formada por islas, una orografía escarpada y el aumento de población por la llegada de inmigrantes -comunitarios o no-, se suma un alto precio de las viviendas y los alquileres, los bajos sueldos y la utilización que han hecho muchos ayuntamientos de la concesión de las licencias, sirviéndose de ellas como una prerrogativa de gracia o a cambio de otros favores.

En la actualidad, miles de canarios se construyen una vivienda en suelo rústico aún a sabiendas de que incumplen la ley, pero confiando en que la "lotería del derribo" no toque a la puerta de su hogar. La situación actual es tan injusta que canarios que viven pared con pared pueden ser testigos de cómo la pala de la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural echa abajo su casa, mientras que la del vecino se salva.

La primera medida para controlar el crecimiento de este tipo de viviendas se tomó en 1997. Con anterioridad a esta fecha, las construcciones en suelo rústico gozaban de cierta impunidad, amparada además en la inexistencia de planeamiento urbanístico en la mayoría de los municipios.

Ese año, la Consejería de Política Territorial, bajo la dirección de María Eugenia Márquez, elaboró un censo en el que se inscribieron 30.000 casas ilegales. Obviamente, era mucho mayor la cifra, que podría rondar las 60.000 edificaciones; el número que recogía el censo únicamente se refería a aquellas construcciones que tenían alguna posibilidad de ser legalizadas, entre ellas, las que llevaban cuatro años construidas.

Sin embargo, quedaban fuera del catálogo las ubicadas en espacios naturales, en dominio público (por ejemplo, invadiendo una carretera) o en los cauces de los barrancos.

El censo de Márquez y la decisión de no permitir ni una casa más de este tipo no logró impedir que continuara el desarrollo incontrolado en las Islas. Quizás ello se debiera a que la decisión de controlar el desarrollo urbanístico no viniera avalada por un alza en los sueldos o el abaratamiento de los pisos.

Dada la magnitud que adquiría el problema y teniendo en cuenta que el Código Penal de 1995 tipificaba como delito las infracciones urbanísticas, en 1999 el Parlamento de Canarias creó la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural. El organismo estaba formado por representes de los cabildos, los ayuntamientos y el Gobierno regional. Se erigía en una especie de "policía" para controlar este fenómeno.

No obstante, los cabildos y los ayuntamientos seguían teniendo la potestad de otorgar licencias, mientras, paradójicamente, eran miembros de la institución que ejecutaba los derribos.

El maremágnum legislativo se intentó "ordenar" a través del Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, del Texto Refundido de las Leyes del Territorio y de Espacios Naturales de Canarias. La norma quiso ser el "punto y final" de las irregularidades en suelo rústico, y el mecanismo para permitir la legalización de las que ya estaban hechas se plasmó en la Disposición Adicional Primera. Este precepto dejaba fuera de ordenación las casas censadas en el catálogo de 1997 y que fueran destinadas a uso residencial, agrícola o ganadero, además de cumplir condiciones de seguridad y estabilidad. Los planeamientos municipales tenían que tener en cuenta esta Disposición Adicional.

Sin embargo, la Ley 1/2000 no sirvió tampoco de "punto y final". Según explica a este periódico el director de la Agencia, Pedro Gómez, a día de hoy, este organismo tiene abiertos más de 7.000 expedientes de construcciones en suelo rústico, de las que, según su estimación, 4.000 son susceptibles de legalización y el resto habría que derribarlas.

Pedro Gómez recuerda que hasta hace 10 años en Canarias la gente construía con permisos "verbales", sin que ésto causara mayor alarma. "Ahora es distinto, ya que las Islas han adquirido un atractivo particular para europeos y americanos; vivir aquí es más barato y tenemos mejor clima, por lo que se considera que tener una casa en Canarias es un chollo". "Todo esto ha llevado a pensar que si tienes un terreno, aunque sea rústico, y no construyes eres tonto", apunta. El director de la Agencia explica que esta idea no se puede mantener, porque "no tenemos suelo para exportar. De seguir así, se construirá hasta en el Teide".

Así las cosas, Gómez aboga por aplicar la ley y ordenar el derribo de las construcciones ilegales que existan actualmente. "Si el Parlamento cambia de opinión, se respetará su decisión y ya veremos hasta dónde podremos construir, pero, por ahora, las viviendas ilegales se derribarán sea quien sea el propietario".

En cuanto al papel de los ayuntamientos, Gómez recalcó la diferencia entre los distintos municipios y puso de relieve que la "inmensa mayoría de los alcaldes respeta la legalidad". Además, los municipios tienen la opción de quitarse de encima este problema al consorciarse con la Agencia, lo que implica que queda en manos de ésta última la responsabilidad.

No obstante, a muchos ayuntamientos no les convence esta vía porque supone la invasión de las competencias municipales y este es el único argumento al que aluden públicamente, aunque podrían existir otros.

El presidente de la Federación Canaria de Municipios (Fecam), Ramón Miranda, explicó a este periódico que la Agencia trabaja a menudo sin consultar la opinión del municipio donde se encuentra una construcción ilegal. Con ello se refiere a que, aunque exista una ley, el ayuntamiento conoce muchas veces mejor la realidad social de cada familia. "Hay que revisar la trascendencia social de cada caso y colaborar más".

Miranda rechazó de plano que siempre se culpe a los alcaldes de este problema. "Parece que somos los culpables de todo, cuando en realidad lo que intentamos es ayudar a los vecinos", argumentó.

Pedro Gómez recalcó que la Agencia del Medio Urbano y Natural tiene un papel de control a posteriori, y no una evaluación de los planeamientos municipales elaborados por los ayuntamientos. Esto quiere decir que cuando un ayuntamiento elabora un mapa en el que resalta a simple vista la calificación como urbana de una zona rodeada de otra rústica, la Agencia no puede hacer nada. "Nosotros no podemos intervenir, ni siquiera cuando a un solo vecino se le califica su suelo de urbano, mientras a todos los que están alrededor el terreno se les ha calificado como rústico", aseguró el experto y añadió que su papel es de "policía", de controlador de "lo que ya está mal hecho".

Proposición no de ley

Con muy buena intención para arreglar todo este desaguisado, el Partido Socialista Canario en el Cabildo de El Hierro presentó en esta institución una Proposición No de Ley (PNL) que, entre otras cuestiones, propone una "amnistía general" para todas las casas en suelo rústico anteriores a abril del 2003, fecha en la que se aprobó la Ley de Ordenación del Territorio de Canarias, más conocida como la Ley de las Directrices.

Haciendo uso de la iniciativa legislativa que el Estatuto de Canarias concede a los Cabildos, esta semana estaba previsto el debate de esta propuesta en la Cámara. Al final fue aplazado, dado que ni las Islas, ni los partidos se ponen de acuerdo en su articulado. La proposición no de ley no es del gusto de todos, dado que es interpretada por algunos como un llamamiento a la construcción ilegal.

El director de la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural está en contra de la propuesta porque, como afirma, "no se puede conceder una nueva amnistía cada cinco años". Sostiene que de esta forma la idea que queda en los canarios es la de "construye que ya te lo legalizarán".

El parlamentario de El Hierro, José Francisco Armas, por su parte, defiende la iniciativa legislativa. En su opinión, las únicas que deben seguir derribándose son las que se encuentran en barrancos, en espacios naturales protegidos y y en dominio público. Al igual que el alcalde de Garachico, apunta que las casas en suelo rústico esconden detrás un problema social que no debe tratarse de la forma que se está haciendo actualmente. "La administración ha sido incapaz de bloquear esta avalancha de casas ilegales. No habrá gobierno que las derribe. Se cogerán a cinco o diez como conejillo de indias y eso no es justo", sentenció.

Otro argumento de José Francisco Armas es que, en realidad, son pocas la casas ilegales en Canarias que han sido construidas en paraje natural o en barrancos; la mayoría, el 90% según su estimación, están ubicadas en suelo rústico. Esto demuestra que los canarios no construyen para incumplir la ley o invadir espacios idílicos, sino por pura y simple "necesidad".

La propuesta de El Hierro concreta que se dejarán fuera de ordenación las que estén construidas antes de abril de 2003. Las que se estaban construyendo quedarían paralizadas y la administración definirá su forma de finalización.

Armas no comparte que la amnistía para las casas ilegales esconda además una amnistía para los alcaldes incumplidores. "Ese no es el debate, no se trata de encubrir a nadie, sino de arreglar el problema", aseguró.

Muchos de los casos de construcciones ilegales ya han llegado a los juzgados. Antes podían recurrir hasta el Tribunal Supremo, pero en la actualidad el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) es la última instancia.

Fuentes de la Sala de lo Contencioso Administrativo en Tenerife del TSJC afirmaron a este periódico que para enjuiciar estos casos no existe ningún vacio legal. Creen que la Ley 1/2000 es bastante clara al respecto y añaden que una nueva normativa tendría que aportar algo novedoso. Desde el Tribunal Superior se apunta que hubo una época de demasiada permisividad y que se actuó tarde para atajarla.

Al juzgado llegan recursos de todo tipo. El caso de la explotación lucrativa es poco frecuente. Los constructores "no arriesgan su dinero edificando en suelo rústico". El más común de los procesos de este tipo es el de la ‘casita’ para vivir. El de la pareja joven que contrae matrimonio y construye en la finca de su padre o de su suegro. Pero también intentan buscar amparo en la Justicia los que se han hecho el chalé con piscina sin licencia.

Los recurrentes son tanto canarios como extranjeros. Estos últimos alegan desconocer el ordenamiento jurídico y se ajustan más al perfil de los propietarios del chalé de lujo. Pero "el desconocimiento de las leyes no exime de su cumplimiento". El TSJC no tiene en cuenta las condiciones sociales o familiares de los recurrentes. No pueden entrar en este tipo de valoraciones "porque sólo aplicamos la ley".

De aprobarse la propuesta del Partido Socialista en la Cámara regional, los pleitos que están en curso quedarían archivados por "pérdida del objeto del recurso", es decir, no existe legalidad incumplida. Los que ya tengan sentencia de ilegalidad y orden de derribo también quedarían "salvados" por "imposibilidad de ejecutar la sentencia", explicaron las fuentes.

Desde el ámbito judicial se aprecia un caos tanto en la concesión de las licencias como en el control de las casas y su posible derribo. Consideran que son muchas las administraciones implicados y que el afectado no sabe con claridad hasta dónde puede llegar y cuáles son las verdaderas reglas del juego.

Para hacer frente a este laberinto, recomiendan la creación de una ventanilla única a la que pudiera acudir el ciudadano para informarse de los pormenores urbanísticos y administrativos de su proyecto de hogar.

En estos momentos, los políticos son los que pueden "mover ficha", pero el debate parlamentario se ha aplazado una vez más. Aplicando la buena fe, se podría pensar que quieren estudiar a fondo este complicado galimatías de las casas ilegales en el Archipiélago. Pero, por si alguno quiere aplicar la mala fe, se podría llegar a pensar que a muchos no les interesa poner fin al problema.

La primera medida para controlar el crecimiento de este tipo de viviendas se tomó en 1997. Con anterioridad a esta fecha, las construcciones en suelo rústico gozaban de cierta impunidad, amparada además en la inexistencia de planeamiento urbanístico en la mayoría de los municipios.