La Voz de Lanzarote, 15 de abril de 2005
Celso Betancor aseguró que "el Gobierno de la Nación ha puesto sus ojos en esta zona sin importarle el deterioro que pueda sufrir"
ACN.- El Parlamento de Canarias rechazó ayer la proposición no de ley (PNL) presentada por el Grupo Mixto en la que se pretendía instar al Gobierno regional a que solicitase al Ejecutivo central la no autorización de las licencias de investigación de hidrocarburos Canarias 1 a 9 perteneciente a la empresa Repsol-YPF a realizar en aguas cercanas a las Islas.
El Grupo Socialista se abstuvo y la propuesta contó con 32 votos en contra (CC y PP) y 6 a favor, de los que 3 fueron emitidos por los diputados del PIL y los 3 restantes por Juan Carlos Becerra, Francisca Domínguez y Pedro Quevedo, miembros o simpatizantes de Nueva Canarias (partido escindido de CC).
El PSC presentó una enmienda de modificación a la PNL, que no fue aceptada por el grupo proponente y en la que se planteaba la suspensión indefinida de las prospecciones petrolíferas en aguas próximas a Lanzarote y Fuerteventura "hasta que se asegure un impacto ambiental cero y se produzca un amplio consenso entre las instituciones y las fuerzas políticas y sociales" de las Islas.
El encargado de defender la enmienda socialista fue el diputado Santiago Pérez, quien explicó al PIL que para su grupo, "no tiene mucho sentido que el contenido de una propuesta parlamentaria consista en pedir a otro poder público que no ejerza sus competencias", lo que calificó de "absurdo". Consideró que en la decisión que se adopte sobre este asunto "hay implicados intereses generales del país y, sobre todo, de los canarios".
Como consecuencia, indicó que el PSC exige que, para que las prospecciones "que autorizó otro Gobierno vulnerando la legalidad", en alusión al PP, se puedan realizar, ha de darse un "amplio consenso y, si no, se pasaría a un aplazamiento indefinido". Pérez aseguró que si el Gobierno de Canarias manifiesta un criterio contrario a que el Gobierno central conceda estas autorizaciones, los socialistas canarios apoyarán "ese no" del Ejecutivo regional.
Sin embargo, Celso Betancor, tras reconocer que el PSC tiene "una papeleta difícil, una papa caliente", respondió al diputado socialista que los argumentos ofrecidos en su exposición "son también absurdos". Recordó al PSOE que las promesas que realizó durante la campaña electoral apuntaban a que, en el caso de la Agrupación Socialista de Lanzarote, si se autorizaban las prospecciones "dimitirían, pero ése era el mensaje de aquel momento".
Betancor subrayó que el PSC está "intentando pasar la pelota de la dificultad del Gobierno del Estado al de Canarias", tras lo que precisó que nadie puede garantizar que haya impacto cero o un consenso de toda la población en este asunto.
Propuesta de CC y PP
Los grupos de CC y PP tenían previsto presentar ayer una enmienda a la PNL del PIL, pero la retiraron por considerar que no sería aceptada, tras lo que optaron por la presentación de una nueva PNL en el próximo Pleno que celebre la Cámara. En ésta propondrán instar al Gobierno regional a que solicite al del Estado a que el procedimiento de autorización de licencias de investigación de hidrocarburos se condicione a la definición de la participación de la Comunidad Autónoma en el proceso, así como al establecimiento de las máximas garantías de preservación del medio ambiente y de Canarias como destino turístico y a la determinación de las compensaciones a favor del Archipiélago.
Mientras, el diputado popular José Manuel Soria calificó la PNL del grupo Mixto de "congruente" con la postura que desde un principio ha mantenido en la materia, tras lo que criticó la posición del PSOE. "Cuando en la política se toman decisiones en función de la algarabía general, incluso yendo en contra de lo que uno piensa, se encuentra uno con un papelón, que es lo que a algunos les ha ocurrido hoy", expresó.
Así, insistió en que la actitud del PP en este tema es "la misma que era: autorizar las prospecciones con una serie de condiciones". Recordó que después de que el Gobierno del PP autorizase estas operaciones en 2001, la decisión "fue impugnada, entre otros, por el PSOE", por lo que indicó que el grupo Mixto "no debería preocuparse, porque hoy, el Gobierno de la Nación es del PSOE, aunque hay dudas de que los socialistas mantengan en el Estado la misma posición que cuando impugnaron".
Por su parte, José Miguel González, de CC, aseguró comprender la "preocupación" del PIL, aunque matizó que en el congreso que celebró Coalición "se distinguían los procesos de prospección y explotación y, en función de eso, se tomarían decisiones". Así, remarcó que si Canarias no explota los combustibles que puedan encontrarse, "lo harán otros". De llevarse a cabo las prospecciones, señaló que, "por supuesto, se tomarán todas las garantías", aunque reconoció que el impacto cero "es imposible".
Antecedentes
Betancor recordó que mediante el Real Decreto 1.462/01, de 21 de diciembre de 2001, el Gobierno español, en aquel momento del Partido Popular, concedía permisos de investigación de hidrocarburos a la multinacional Repsol, a través del proyecto Canarias 1 a 9, en un área de 616,06 Kilómetros cuadrados frente a las costas de Lanzarote y Fuerteventura, a una distancia media de 11 millas de estas islas.
El diputado resaltó que esta concesión produjo una "rápida contestación institucional y social", principalmente en las islas de Lanzarote y Fuerteventura, y por la sociedad canaria en general. "Mayoritariamente, las instituciones públicas locales, los partidos políticos, entidades ecologistas, empresariales, juveniles, vecinales... manifestaron su rechazo alegando repercusiones sobre el medio natural terrestre y marino, además de poder afectar al modelo económico de las Islas, basado en el turismo", expresó.
Betancor indicó que, paralelamente, se efectuaron consultas jurídicas sobre las concesiones otorgadas y se impugnó el real decreto ante la sala tercera de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo, por parte del Cabildo de Lanzarote y de la Agrupación Socialista Insular, ante el incumplimiento de una serie de normas, "pero al final, una sentencia del Tribunal Supremo, de marzo de 2004, suspendió los permisos otorgados en base a la Ley 34/1998, del sector de hidrocarburos ante la ausencia en el proyecto de Repsol de labores de protección ambiental, lo que constituía un grave defecto".
El diputado del PIL expuso que tras la sentencia, el Gobierno del Estado "se comprometió a no conceder las licencias sin escuchar a las instituciones canarias, al tiempo que se trasladó a la multinacional Repsol-YPF a mencionar las medidas de protección ambiental y el plan de restauración adecuado al plan de labores propuestas".
En su intervención, Celso Betancor sostuvo que el PSOE emite "dos mensajes distintos, uno en Madrid y otro aquí", y apuntó a la discusión de la PNL en la Cámara como fórmula para "acabar con la ambigüedad". Así, aseguró que su grupo no pretende que el PSOE "juegue el papel del gato y el ratón en este asunto", e hizo hincapié en que en Lanzarote y Fuerteventura "se ha dicho un no rotundo" a las prospecciones. Indicó que éstas "llevan aparejadas otras consideraciones, como la soberanía y competencia sobre las aguas, las competencias del Gobierno de Canarias en los permisos, el impacto medioambiental, los intereses de las multinacionales y el modo brutal en que puede influir el asunto en nuestro modelo socioeconómico".
A su juicio, las prospecciones son "incompatibles con un modelo de desarrollo basado en la sostenibilidad", argumento por el que su grupo dice "no, ante el convencimiento de que las consecuencias serían desastrosas". En este punto, señaló que las operaciones, "se harán a una distancia bastante corta al este de Lanzarote y Fuerteventura, donde hay cetáceos, paso de tortugas, túnidos, etcétera".
Insistió en que la industria petrolífera es "incompatible" con todo y generaría "muchos perjuicios medioambientales y para la salud", además de considerarla como "un gran problema para la producción de agua dulce por desalación para el consumo humano". Reiteró que las principales playas de Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura se sitúan al este "y están expuestas a cualquier accidente y a la presencia de hidrocarburos".
Por todo ello, preguntó hasta qué punto convienen al Archipiélago las prospecciones y qué beneficios podrían obtener de éstas los canarios. "El Gobierno de la Nación ha puesto sus ojos en esta zona sin importarle el deterioro que pueda sufrir", afirmó, tras lo que cuestionó si realmente esos beneficios "supondrían riqueza" para las Islas. "Supongo que la riqueza sería para las multinacionales y el deterioro ambiental nos lo dejarían a nosotros", expresó.
El diputado del grupo Mixto subrayó que sólo queda el "pronunciamiento claro" del Gobierno de Canarias, "una vez que ya se han pronunciado con un no rotundo las instituciones locales" de Lanzarote y Fuerteventura "y la mayor parte de los colectivos sociales de Canarias".
