Carlos Martínez Camarero
Responsable Adjunto del Departamento Confederal de Medio Ambiente de CC.OO.
Todas las civilizaciones humanas han sustentado su base material fundamentalmente en dos factores: los recursos que les ha proveído el territorio donde se asientan y los niveles tecnológicos alcanzados por cada una de ellas.
Nos referimos a los recursos disponibles por las sociedades en sentido amplio, tanto los minerales y el agua, como los factores climáticos y la productividad del suelo o como la diversidad biológica o el paisaje. De todo ello se obtiene alimento, riqueza y bienestar.
Durante muchos siglos, o mejor dicho milenios, se modificó relativamente poco el territorio. Grandes extensiones fueron dedicadas a los cultivos agrícolas y a usos ganaderos, se construyeron pueblos y ciudades, así como caminos, carreteras y puertos. A pesar de la deforestación que implicaron, la agricultura y la ganadería fueron durante mucho tiempo compatibles con la conservación de los ecosistemas.
La era industrial que comenzó en el siglo XIX significó un aumento importante de los niveles de apropiación de recursos no renovables (combustibles fósiles, minerales..) y de la contaminación del aire y del agua. Las industrias y lo que estas trajeron asociado (el consumo de madera en una primera fase como combustible, el ferrocarril, la expansión de las ciudades, el automóvil, los residuos no bidegradables...) comenzaron a suponer, también, una ocupación y una alteración del territorio considerable.
Pero es a partir de los cambios operados en el desarrollo tecnológico e industrial posterior a la segunda guerra mundial cuando se producen una serie de fenómenos que, al mismo tiempo que incrementan la contaminación del medio, van a suponer un uso abusivo del territorio. Nos referimos, entre otros, a la expansión urbana dispersa, a la segregación espacial de actividades asociada al uso del automóvil, al desarrollo de infraestructuras viarias de gran capacidad y, más recientemente, a la explosión del turismo masivo y de las segundas residencias.
La capacidad de extraer, transformar y, sobre todo, producir bienes materiales de este modelo industrial es tan extraordinaria que hace tiempo ya que hemos superado los niveles de satisfacción de nuestras necesidades básicas. Eso sí, los hemos superado sólo una pequeña parte de la población mundial y a costa, además, de alterar nuestro ecosistema de manera insostenible, es decir, de forma que no vamos a poder mantener durante mucho tiempo este modelo. La expansión de este no encuentra correlato en el mero aumento de la población, que en los países accidentales se ha contenido notablemente en las últimas décadas, sino en el potente desarrollo tecnológico que ha aumentado inusitadamente la capacidad de aprovechamiento y alteración de los recursos.
Dejando a un lado el problema del cambio climático, el de la contaminación tóxica local y global y el de la pérdida de biodiversidad, uno de los problemas más importantes a escala mundial que genera este modelo de producción es el de la creciente colonización y degradación del territorio.
El problema de la ocupación de espacio derivada de los fenómenos de expansión urbana y de construcción de infraestructuras de todo tipo (de transporte, industriales, turísticas y de ocio, energéticas, hidráulicas...) supone la pérdida de amplios espacios naturales que son soporte de la diversidad biológica y de suelo fértil que podía destinarse a cultivos agrícolas o a aprovechamiento forestal. Influye también negativamente en la capacidad de absorción de agua por el subsuelo dificultando la recarga de los acuíferos y produce asimismo un gran deterioro de la calidad paisajística y cultural.
Junto a la colonización y ocupación del espacio está la degradación ambiental del suelo, del subsuelo, de las aguas y de aire que implican los mencionados fenómenos. La expansión urbana genera, particularmente, un fuerte aumento del consumo energético.
Situación en España
El fenómeno y los problemas descritos se han disparado espectacularmente en España en los últimos años. A finales de 2004 se hizo público un censo del suelo, coordinado por el Instituto Geográfico Nacional y realizado a partir del procesamiento de imágenes por satélite, cuya conclusión principal es que en la década de 1990 a 2000 la superficie urbanizada aumentó de media en España un 25%. En la Comunidad Valenciana, Madrid, Navarra y Murcia el aumento fue mucho mayor, en torno a un 50%.
Los resultados de este censo son definitivos a la hora de calibrar los cambios de uso del suelo en nuestra geografía ya que supone una fotografía basada en satélites de alta resolución que saca a la luz los datos tanto de urbanización legal del suelo como de construcciones ilegales que, como ya se sabía, se pueden contar por decenas de miles.
Hay que señalar, obviamente, que este censo no incluye los datos de estos últimos 4 años (2001-2004) que han sido los de un crecimiento urbanizador mayor. En el período mencionado de 1990 a 2000 la superficie urbanizada aumentó en 170.726 hectáreas, mientras que la de bosque disminuyó en 239.248 hectáreas. Las hectáreas dedicadas a cultivos agrícolas aumentó ligeramente en 31.763. En el mismo período la población española aumentó en un 5%.
La vivienda
En España, desde hace 10 años, se bate cada año el record de viviendas construidas respecto del anterior. En el año 2004 se construyeron 675.000 viviendas nuevas. Como es obvio en esta cifra no están contempladas las que se construyen de forma ilegal.
La situación no tiene parangón en Europa: el año pasado se construyeron en España más viviendas que en Francia, Alemania e Italia juntas. España es el país europeo que más viviendas totales tiene por cada 1.000 habitantes (más de 500). Asimismo, sólo somos superados por Grecia en cuanto a menos viviendas anteriores a 1945 respecto del total de viviendas. El porcentaje es de aproximadamente el 12%, frente a países que tienen más del 30% como Dinamarca, Gran Bretaña, Francia, Bélgica o Italia. Incluso Alemania, que sufrió una destrucción impresionante de su patrimonio inmobiliario durante la segunda guerra mundial, tiene en torno a un 27% de viviendas anteriores a dicha fecha.
Algunos datos más nos servirán para diagnosticar mejor las características de la situación. Del parque de viviendas existentes en 2001, un 30% tiene un uso distinto al de residencia habitual. Mas en concreto 3.323.000 (un 16%) se tipifican como segunda residencia y 2.900.000 (un 14%) están desocupadas. De estas últimas la tercera parte están en zonas rurales en declive o tienen una deficiente conservación, pero 2/3 (es decir unos 2 millones) son aprovechables.
Como destaca el informe Una nueva cultura para afrontar el creciente problema de la vivienda en España elaborado por el Gabinete Económico Confederal de CC.OO. y actualizado en junio de 2005, un aspecto muy importante a destacar es que de las viviendas construidas el protagonismo de las viviendas de tipo libre ha aumentado su presencia hasta alcanzar el 88,4% del total en 2003. Por el contrario las protegidas no han hecho más que descender desde principios de los años 80 en que representaban aproximadamente la mitad.
Otro aspecto a considerar es que el porcentaje de viviendas en alquiler no ha hecho más que bajar de un 42,5% del total en 1960, a un 18% en 1990 y a un 11,3% en 2001. Por el contrario, en la Unión Europea en el año 2000 se mantenía una media de un 39% de viviendas en alquiler. En países como Alemania (57%), Holanda (52%) o Francia (46%) el porcentaje de alquileres es mucho mayor.
El aumento del número de viviendas en el período 1991-2001 ha cuadruplicado la población española en ese mismo período. Como señala el profesor de economía aplicada de la Universidad de Valladolid Oscar Carpintero la situación española se caracteriza por la elevada construcción de viviendas respecto del escaso crecimiento demográfico y el moderado aumento de hogares y por el fuerte aumento del precio de la vivienda frente al aumento moderado de la renta. Según él esto ha dado lugar a una extraordinaria revalorización del patrimonio inmobiliario, a grandes dificultades de acceso a los no propietarios, a un extraordinario auge de la demanda especulativa y a un aumento de la polarización social.
Como también señala el informe de CC.OO. señalado anteriormente El precio de la vivienda influye directamente en la calidad de vida de los trabajadores, pero además delimita su renta disponible, influyendo, por tanto, en las reivindicaciones salariales dentro de la negociación colectiva.
El extraordinario auge de la construcción de viviendas ha generado indudablemente mucho empleo en el sector pero ha impedido el acceso generalizado a una vivienda digna, ya que dicha demanda se ha construido por una suma de intereses derivados de la consideración de la vivienda como bien de inversión, con el mero objetivo de obtener una plusvalía revendiéndola a un precio mayor o para alquilarlas. En esta dinámica ha influido, también, la presión de la demanda extranjera de segundas residencias. Esto ha venido acompañado de un traspaso de elevadas cantidades de dinero antes situados en las bolsas de valores al sector inmobiliario.
El informe sobre la vivienda de CC.OO. mencionado anteriormente señala que el precio de la vivienda no se construye tanto en función de los costes de la misma como en función de las expectativas de venta del promotor. De esa manera un descenso en el precio del suelo, que es lo que la doctrina oficial está apuntando como solución a la escalada actual, no tiene porqué implicar necesariamente una reducción de los precios de las viviendas y sí, posiblemente, un aumento del margen de beneficio de los promotores. El documento apunta que el problema estallará en toda su magnitud cuando la burbuja inmobiliaria no pueda seguir creciendo y no exista demanda solvente suficiente que permita un crecimiento indefinido del precio final de venta.
El incremento espectacular de la construcción de viviendas en España está generando no sólo los problemas sociales descritos respecto del acceso a la vivienda y el riesgo de abrir una crisis en el sector, sino los problemas ambientales y territoriales que se apuntaron anteriormente.
El modelo urbanístico
Los problemas del impacto para el medio ambiente derivados de la construcción de viviendas o segundas residencias no sólo tienen que ver con el número de ellas construidas, sino con el modelo de ciudad que se está desarrollando y, probablemente, consolidando.
Durante mucho tiempo las ciudades y pueblos españoles se caracterizaron por la integración de usos (trabajo, ocio, residencial, comercio..) y la construcción compacta. Es lo que se ha venido denominando ciudad mediterránea. Este modelo permite un mejor aprovechamiento espacial y modera las necesidades de movilidad motorizada.
Sin embargo, desde hace tiempo se está empezando a imponer otro modelo, denominado anglosajón, que se basa en la construcción dispersa (chalets, adosados..) y en la segregación espacial de las actividades que desarrollamos. Muchos son los factores que han permitido que se desarrolle este cambio, pero uno de ellos ha sido la imagen distorsionada para muchas personas de que a la felicidad de podría acceder mejor disponiendo de unos cuantos metros cuadrados de césped.
Las consecuencias territoriales de este tipo de urbanismo son muy negativas. El modelo de construcción dispersa o de baja densidad consume, lógicamente, mucho más suelo y muchos más recursos al necesitar la urbanización (calles, aceras..) de un espacio mucho mayor. A estas zonas es mucho más difícil dotarles de unos servicios de transporte urbano adecuados, por lo que el uso del automóvil se convierte en la mayor parte de las ocasiones en imprescindible.
La dinámica es perversa porque el uso del vehículo privado exige la construcción de carreteras y vías de alta capacidad, que enseguida se colapsan y que demanda, a su vez, nuevas infraestructuras que no siempre resulta viable atender. En ocasiones porque ya no se dispone de suelo para ello.
Estas infraestructuras para el transporte privado no sólo son la consecuencia de este modelo de urbanismo, sino que con demasiada frecuencia se desarrollan para que se conviertan en un eje vertebrador y generador de nuevos desarrollos urbanísticos. La ordenación territorial mallada, el desarrollo de más cinturones de circunvalación en las ciudades no sólo imponen un modelo de transporte determinado, sino que conforman la ciudad dispersa.
La Unión Sindical de Madrid Región (USMR) de CC.OO., por ejemplo, viene denunciando reiteradamente la política urbanística y muchos proyectos de infraestructuras asociados a la misma que está propiciando el Gobierno autonómico madrileño desde hace tiempo. Comisiones Obreras estima que esta política puede llevar al colapso territorial y a la insostenibilidad ambiental a una región que soporta ya una gran presión humana en un espacio relativamente reducido.
Un fenómeno particularmente importante para los sindicatos es el cambio que se ha ido operando en las últimas décadas en la movilidad al trabajo. En lo que hemos denominado ciudad compacta el trabajo estaba más cerca de la vivienda. Había, además, más estabilidad tanto en un aspecto como en el otro. A los polígonos industriales que estaban en las afueras se acudía en autobús de empresa, las denominadas rutas.
Ahora, cada vez más, el centro de trabajo está mucho más lejos de la vivienda y el transporte público muchas veces o no existe o es muy deficiente en términos, sobre todo, de frecuencias y de recorridos. Particularmente grave en cuanto a falta de transporte público es la situación de la mayoría de los polígonos industriales o empresariales, que normalmente suelen estar muy mal comunicados por autobuses con los centros urbanos. Se necesita mucho más el automóvil, y a veces, aunque no se necesite, también se utiliza.
El problema es serio porque, además de los impactos de contaminación global y local y de congestión urbana, la actual situación supone un elevado coste económico para los trabajadores, una importante siniestralidad in itinere, aumento del estrés y empeoramiento, en general, de las condiciones de vida. Es por tanto un problema que tiene una clara vertiente sindical. Es una necesidad urgente abordar este aspecto y actuar a nivel territorial (con las autoridades locales) y a nivel de empresa (negociando planes de movilidad para las empresas).
En las zonas costeras mediterráneas los desarrollos urbanísticos tienen más que ver con el fenómeno de la segunda residencia, pero el modelo es similar. Allí, además, el crecimiento de las urbanizaciones topa con límites físicos y ambientales que ya no es posible eludir. Estos límites son la falta de suelo disponible en muchos municipios y la escasez y deterioro del agua para abastecer al consumo humano residencial.
El turismo
El sector turístico ha venido creciendo espectacularmente a lo largo de las últimas décadas. Según la Organización Mundial del Turismo (OMT) se ha pasado de 25 millones de turistas en todo el mundo hace 50 años a 700 millones actuales y a unas previsiones para 2010 de unos 1.000 millones. Estas cifras suponen en torno al 10% del Producto Nacional Bruto mundial y ocupan a millones de trabajadores.
Los impactos ambientales del turismo son inocultables (emisiones del transporte asociado al mismo, generación de residuos, afección a la diversidad biológica y a los espacios naturales, consumo de agua y de energía, ocupación de suelo, impacto paisajístico...). Las preguntas son ¿hasta dónde puede crecer el sector de forma que no se alcancen niveles insoportables de afección al medio ambiente? ¿no debería reorientarse el turismo existente hacia una estructura y formas más sostenibles?
En España la voz de alarma sobre su futuro ya está dada desde hace tiempo. Estamos aquí en presencia de un modelo, basado fundamentalmente en el turismo masivo de sol y playa, que parece estar agotado. En España representa el 11% de la economía y ocupa a 1,7 millones de trabajadores, pero a pesar de que aumenta cada año el número de turistas (53,6 millones en 2004) los ingresos de este sector están estancados. Uno de los motivos es la proliferación de segundas residencias de extranjeros que apenas deja ingresos al sector. Otro factor puede ser que existe un segmento de turistas que exige una calidad medioambiental de la que empiezan a carecer algunos destinos españoles.
Veamos algunas de sus consecuencias en relación con su impacto sobre el territorio. El turismo conlleva, obviamente, el desarrollo de infraestructuras hoteleras que implantadas masivamente en algunas zonas han alterado la configuración de amplias zonas naturales, sobre todo costeras. Pero el impacto de estos establecimientos no es comparable con el que producen las urbanizaciones turísticas, especialmente, también, las construidas junto al litoral.
El estudio del Instituto Geográfico Nacional mencionado anteriormente pone de manifiesto que hay 10 provincias de la costa española donde está ya construido más de una cuarta parte del primer kilómetro de costa. De ellas en Málaga, Alicante, Barcelona y Melilla está ya urbanizado el 50% de ese primer kilómetro. La apropiación turística del suelo costero en la Comunidad Valenciana está desplazando ya el proceso urbanizador hacia el interior.
Según un reciente informe de Greenpeace titulado Destrucción a toda costa en diferentes lugares de la costa española hay actualmente 768.000 viviendas de segunda residencia y plazas hoteleras en proyecto y en el último año se han declarado urbanizables 2.200 nuevas hectáreas en el litoral.
Pero las infraestructuras de nuestro modelo turístico no son sólo las edificaciones. En los últimos años también se han construido desmesuradamente puertos deportivos, parques temáticos y campos de golf. De los primeros aún existen 77 nuevos proyectos de construcción o ampliación.
Actualmente hay unos 300 campos de golf en un territorio que presenta períodos de sequía cada vez mas frecuentes y prolongados. Es sabido que estas instalaciones consumen volúmenes importantísimos de agua. El consumo de los campos de golf existentes viene a ser similar al de 4,5 millones de personas. Aún hay proyectos de construcción de otros 58. Los campos de golf están, además, cada vez más ligados a la simple construcción de urbanizaciones anexas cuyo valor es más alto que el del mercado ordinario de residencial.
Señalábamos antes que este modelo turístico está tocando fondo. De hecho, a pesar del aumento constante de la oferta, el peso del sector está cayendo desde hace cinco años. En las zonas donde este problema de saturación y de insostenibilidad territorial es más patente, diversas instancias de CC.OO. vienen advirtiendo de la situación y planteando la necesidad de un freno al crecimiento de este modelo.
En Málaga, donde a pesar de la saturación que ya existía se incrementó entre 1998 y 2002 un 27% el número de plazas y un 34% el número de establecimientos registrados (hoteles y apartamentos), la Unión Provincial y la Federación de Comercio, Hosteleria y Turismo (FECOHT) han planteado que el sector se debe encaminar hacia la remodelación global, más que seguir creciendo a este ritmo, en especial en el segmento de turismo residencial y en el de sol y playa, y que se debe romper con la dinámica de que cuanto más mejor. También plantean una moratoria urbanística y la adopción de medidas de fiscalidad ecológica. Para CC.OO. de Málaga el turismo residencial (del que existen en la Costa del Sol 600.000 plazas frente a las 75.000 hoteleras) es incompatible con este último, porque aquel ocupa más territorio y genera menos empleo. El sindicato está planteando allí reiteradamente un gran acuerdo político sobre la ordenación del territorio que frene el crecimiento urbanístico de las segundas residencias.
En Baleares CC.OO. apostó en su séptimo Congreso (año 2.000) por un cambio de modelo turístico que garantice que el principal motor de su economía siga siendo fuente de trabajo para las futuras generaciones. La sobresaturación de infraestructuras turísticas y el excesivo crecimiento urbanístico ponen en peligro ese futuro, en una Comunidad Autónoma donde el hecho insular pone precisamente límites físicos y espaciales incontestables. El sindicato piensa allí que la ordenación del territorio es la clave estratégica para, primero, frenar e ir reduciendo la propia oferta turística. La diversificación de esa oferta debe ir orientada a la mayor promoción del turismo social, deportivo, cultural y ecológico.
Comisiones Obreras de Canarias viene alertando también desde hace tiempo sobre los límites y peligros de un modelo urbanizador ligado al turismo que amenaza, como en los casos anteriores, la sostenibilidad territorial de las islas y la propia estabilidad del empleo turístico. El sindicato viene participando muy activamente en las movilizaciones que se han sucedido contra determinados proyectos de infraestructuras y que, como en el caso de Baleares, han tenido una participación ciudadana masiva. El VII Congreso de las Comisiones Obreras Canarias (enero de 2005) han estimado que es la hora de definir claramente los límites del crecimiento que debe experimentar el archipiélago, apostando por reducir drásticamente y de forma selectiva las expectativas urbanizadoras, excepto en lo referente a la vivienda de primera necesidad. Igualmente consideramos que se debería aplicar un tope a la oferta turística, en cuanto al número de camas, primando la calidad frente a la cantidad en el desarrollo turístico. En la isla de Gran Canaria CC.OO. ha pedido, junto a otras organizaciones, que se retire el Plan Especial de Ordenación de Campos de Golf que pretendía aprobar la construcción de 18 nuevos campos de golf.
Hacia una ordenación racional del territorio
Antes hemos afirmado que la construcción en España ha creado un volumen de empleo importantísimo, pero también hemos apuntado los riesgos que se pueden plantear para el empleo en muchos sectores como consecuencia del modelo que hemos descrito. En primer lugar los que acabamos de apuntar en el sector turístico como consecuencia de un desarrollo residencial que empeore la imagen de calidad de los destinos y acabe reduciendo la afluencia de turistas.
En segundo lugar, los que se derivan de una colonización de suelo antes destinado a cultivos agrícolas y que debido a la revalorización del terreno genera una riqueza, en quien la genera, pero induce abandono de cultivos y por tanto pérdidas de empleo tanto en la agricultura como en la industria agroalimentaria. Hace poco, por ejemplo, las páginas económicas de un diario daban cuenta del cierre en Salobreña (Granada) de la última empresa azucarera (antes había 9) basada en la caña de azúcar. El motivo: los agricultores han ido abandonando el cultivo ante la demanda de suelo por intereses urbanísticos. De las 4.000 hectáreas que llegó a haber, ahora sólo quedaban 600, de las cuales 400 ya han sido recalificadas para su destino a la construcción.
El número de puestos de trabajo que se han podido perder en muchas zonas debido a este fenómeno, aunque resulta muy difícil de evaluar, puede ser muy elevado. Y lo peor es que el empleo perdido, agrícola o industrial, era mucho más estable que el de la construcción, que necesita, en principio, consumir suelo y recursos que, como hemos dicho antes, tienen un límite físico. Todo ello sin contar con el riesgo para el empleo, apuntado antes, de que el sector de la construcción entre en una crisis derivada de su insostenible crecimiento especulativo.
A las organizaciones sociales, y a los sindicatos en particular, no nos queda más remedio que intervenir activamente para promover líneas de racionalidad económicas y medioambientales en las políticas públicas, ahora demasiado orientadas a satisfacer en exclusiva los intereses de constructoras, promotores y propietarios de suelo.
La ordenación del territorio tiene que ser de verdad la expresión espacial de las políticas económicas, sociales, culturales y ecológicas de toda la sociedad (Carta Europea de la ordenación del territorio) y debe conformar aquel de acuerdo con las necesidades del conjunto de la sociedad y evitando la destrucción y alteración del medio físico y natural.
La articulación territorial y la distribución geográfica de las actividades y los usos del suelo debe armonizarse con las potencialidades existentes en el territorio y con la protección de la naturaleza y del patrimonio cultural.
Para los sindicatos un primer nivel de intervención es la presión para que se realicen los cambios normativos necesarios, en particular en lo que respecta a la legislación del suelo y de vivienda, tanto a escala autonómica como estatal. Los cambios deberían ir hacia la modificación del régimen del suelo y hacia la reorientación del régimen fiscal de la vivienda, especialmente respecto del patrimonio inmobiliario no usado, del sistema de alquiler y de la promoción de la rehabilitación de viviendas.
Es preciso poner límites a la construcción en suelo no urbanizable, especialmente en aquel que tenga algún nivel de protección, así como en las proximidades del litoral. En algunas Comunidades Autónomas y en algunas zonas particularmente saturadas es muy razonable plantear moratorias urbanísticas.
Esta medida debería plantearse asimismo allí donde los recursos hídricos sean previsiblemente escasos en un futuro. En la situación española, y con las previsiones de disminución para las próximas décadas de este recurso, es particularmente importante determinar un adecuado uso, conservación y aprovechamiento del agua, especialmente en la zona mediterránea y las islas. Ligado a esto una de las medidas que puede resultar imprescindible es una moratoria en la construcción de campos de golf, al menos en las zonas mencionadas.
Existen ya, por otra parte, ciertos instrumentos legales para planificar y ordenar de manera racional y sostenible el territorio y sus usos que es necesario aprovechar y sobre los que es necesario intervenir desde la acción sindical responsable.
Espacios protegidos
Existen figuras de espacios naturales que tienen reconocida legalmente una protección específica que impide desarrollar determinados usos y proyectos en aras de su conservación. Esta es en síntesis su tipología:
Derivados de la ley 4/89 y de la normativa autonómica de conservación de la naturaleza. Existen muchas figuras de protección. La de los Parques (Nacionales, naturales o Regionales) implica la planificación de los recursos y de la gestión (PORN y PRUG).
De la Red europea natura 2000 (ZEPAS y LICs)
De otras normas internacionales (Convenio de Ramsar...)
La Planificación urbanística
Los Ayuntamientos y las Comunidades Autónomas, a pesar del retroceso que ha habido en la legislación el suelo, dispone del instrumento de los planes urbanísticos que incluyen un período de información pública en el que se puede intervenir desde los interesados y la sociedad para formular alegaciones e incidir en sus determinaciones.
La Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos permite también intervenir a través de alegaciones en numerosos proyectos de obras o instalaciones, tanto públicas como privadas. En pocos meses se aprobará y desarrollará un nuevo instrumento denominado Evaluación Ambiental de Planes y Programas que, como su nombre indica, permitirá poner en marcha un instrumento, también con participación pública, que obligará a las administraciones a realizar un análisis medioambiental de los planes (urbanísticos, turísticos, de transporte, agrícolas...) que quieran aprobar.
Madrid, 2005.
