Debido a la desgracia de padecer no solo una sequía cada vez mayor, sino además unas autoridades municipales, insulares y autonómicas totalmente incompetentes y con poco amor al trabajo a la hora de atender sus obligaciones medioambientales y, en particular, su nulo propósito de acometer acciones para solucionar la desesperada situación que vive Gran Canaria y la Provincia de Las Palmas con respecto a su galopante desertización y erosión, reproducimos nuevamente parte de un documento publicado por TURCON en junio de 1999.
Extractado de Política canaria y medio ambiente, un recordatorio de lo que quieren que olvidemos : elecciones junio 1999. Elaborado por Turcón-Ecologistas en acción.
Este documento puede consultarse completo (PDF, 617 Kb).
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Podemos comenzar con el tema tal vez más candente por el perjuicio que nos está causando en los últimos años: la sequía. Problema que, como advertía una conocida revista, golpea dos veces: por el perjuicio que causa y por la inoperancia política para resolverlo. La agricultura, roturadora en tiempos pasados de nuestros bosques y vegetación al objeto de aprovechar el suelo para sustento para la población, es ahora el garante de extensos espacios medioambientales en buena parte de Gran Canaria y del Archipiélago. Su actividad es imprescindible para evitar la erosión del terreno en unas islas cada vez más áridas. Pero la agricultura y la ganadería no son sólo eso no nos engañemos, es generación de riqueza y empleo alternativos e, indudablemente, una forma de vida donde se conservan casi en exclusiva nuestras tradiciones como pueblo: romerías, productos y platos típicos, vestimenta, arquitectura, música popular... Sin embargo, en los últimos tiempos observamos, particularmente en nuestra Isla, una sociedad urbana, hostil e indiferente por igual al campo y a la agricultura, que secularmente ha menospreciado la importante labor del agricultor, por no hablar de política y políticos con actitudes claramente biocidas y agrofóbicas, ya sea por acción u omisión.
Indudablemente, vinculada a la agricultura y la ganadería se encuentra el agua, absolutamente imprescindible para las mismas y, desde luego, para su enemigo más directo: el turismo. El gobierno en Canarias y en el ámbito nacional está dominado a todos los niveles por Coalición Canaria y el Partido Popular. Son competentes en el tema del agua el Ministerio de Fomento, el de Medio Ambiente y hasta el de Administraciones Públicas; dentro del Gobierno de Canarias, la Consejería de Obras Públicas y la de Política Territorial, y ya más cerca nuestro Cabildo Insular, dentro del cual hay nada menos que tres organismos: el Consejo Insular de Aguas, el Consorcio de Aguas Depuradas y la Comunidad de la Lumbre. Todo ello sin contar con las competencias de 21 municipios. Pues bien todos ellos son incapaces, según se ha demostrado y recordaremos aquí, de solucionar nuestros problemas de agua.
El nivel freático del subsuelo está a punto de desaparecer por la sobreexplotación, habiéndose secado numerosos nacientes históricos y sin que se ponga coto a los numerosos pozos ilegales o no, muchos de los cuales venden agua a las propias corporaciones. La lluvia artificial se ha suspendido por claras presiones de los propietarios privados de agua popularmente conocidos como los aguatenientes, principales interesados en que haya poco líquido en el mercado para poder vendérnosla a precio de oro. Las obras hidráulicas no se acometen en tiempo y forma por papeles que no aparecen y estúpidos políticos que no saben solucionar nuestros más apremiantes problemas. Las depuradoras no funcionan, o dan agua salobre de pésima calidad inundando de malos olores nuestro aire y de sal nuestros cultivos. No se aplica en sus aspectos positivos la muy discutible Ley de Aguas de Canarias, padeciendo la falta de aplicación de un Plan Hidrológico medianamente válido, así como planificaciones de Desarrollo Agrícola y Ganadero tanto insular como regional, faltan programas de ayudas a la producción y comercialización, escasa dotación presupuestaria de las consejerias cabildicia y regional, no hay incentivos para la renovación generacional de los trabajadores del campo para solventar el el acusado envejecimiento de los productores, es nula la investigacion y desarrollo en el área... La lista a este respecto es interminable ¿será verdad aquello de que los canarios no sabemos autogobernarnos?.
Merece la pena que analicemos un poco más en detalle los aspectos aquí esbozados dentro del espacio limitado de esta publicación, comenzando por la situación en que nos encontramos y por los logros políticos acometidos para remediarlos, llamando la atención sobre la administración que más responsabilidad tiene en este problema: el Cabildo Insular de Gran Canaria.
La situación en que nos encontramos
Nuestra provincia fué el lugar de toda España donde menos llovió en el periodo interanual de 1997-1998 según datos del Instituto Nacional de Meteorología, con sólo 19 días de lluvia en Gran Canaria entre 365, y únicamente 92 litros de aprovechamiento. Almería, con su famoso desierto y siendo el lugar más seco de la Península Ibérica tuvo 28 en el mismo período.
La Mesa del Agua, la Agricultura y la Ganadería, cifró a finales del mismo año en 13.000 millones las necesidades sólo en las medianias de Gran Canaria, no ya para paliar la sequía, sino para poder superar la crisis en la que se ha visto sumida durante años por la falta de apoyo de las instituciones y en particular del Cabildo. A 19 de mayo pasado la prensa anunciaba que la escasez y la demanda duplicaba el precio del agua en el primer trimestre del año, por ello, el portavoz de la Federación de Exportadores de Productos Hortofrutícolas, Roberto Góiriz, anunciaba que se encarecerán los precios de venta al público, lo que aumentará nuestra cesta de la compra, agravando la ya abultada cifra que al respecto padece la región más inflacionista de toda España. Ello reducirá la competitividad de las exportaciones canarias de este género al exterior que, dicho sea de paso, es lo único que exportamos.
Según un estudio de la Consejería de Agricultura, Pesca y Alimentación del Gobierno canario, el desarrollo turístico ha reducido en tan sólo 7 años el 40% de la superficie cultivable en los municipios de la provincia de Las Palmas que mayor auge en inversiones de ocio han recibido en este periodo. En los años sesenta teníamos 30.000 hectáreas de cultivos, hoy contamos con tan sólo 8.000. El contraste a este respecto es absoluto con la provincia tinerfeña, en la que pese al aumento turístico no sólo no se ha reducido el terreno agrícola, sino que ha aumentado en un 8% en el último período, pasando de 8.329 hectáreas en 1990 a 9.058 en 1997. Sólo en el caso del municipio de Telde, donde fué famosa en otros tiempos la Vega de Telde la más grande junto con la de la Orotava de toda Canarias, han desaparecido en los últimos tres años 1.800 hectáreas de cultivos. Por si fuera poco, la población dedicada a la agricultura (el 6% del total) envejece ostensiblemente. El 60% de los agricultores grancanarios tiene más de 50 años, lo que implica que no hay ya un relevo generacional para garantizar la supervivencia del sector.
La erosión en nuestra Isla es brutal. Las Canarias Orientales sufren un proceso cada vez más acelerado de desertización, a través de la pérdida de cubierta vegetal primero y del suelo fértil después a un ritmo de aproximadamente 1 milímetro de espesor anual, lo que supone 25 toneladas por hectárea de media. En nuestro caso, el 60% de la superficie insular tiene un alto nivel de salinidad, que se acrecienta con la mala calidad de las aguas depuradas para el riego, mientras que otro 40% sufre erosión acentuada. Gran Canaria, según un estudio del Departamento de Edafología de la Universidad de La Laguna de principios de esta década, pierde en algunas zonas hasta cien toneladas por hectárea y año, cuando el límite de lo tolerable es entre 2 y 3 en la misma superficie y periodo.Las Islas Orientales pierden así cada año 13.000 toneladas de terreno fértil. Las causas son la sequía, la sobreexplotación hidráulica, la nula política preventiva de las administraciones y el turismo. Frente a ello, la agricultura y la adecuada gestión de los espacios naturales protegidos son la única solución.
Lógicamente la lluvia no sólo es beneficiosa para la agricultura por los cultivos o la ganadería por los pastos, sino también para el turismo, ya que a ningún visitante le agrada ver resecos eriales donde sólo destacan las piedras, sino una isla verde rebosante de
vegetación.
¿Pero qué hacen nuestros políticos?
La acendrada sequía de los últimos años coincide, curiosamente, con el fracaso de la política de repoblación forestal desde los setenta y la desaparición del programa de lluvia provocada que venía sosteniendo en épocas precedentes el Cabildo grancanario.
Al respecto, merece la pena que nos detengamos un instante en el tema de la lluvia artificial. El proyecto, consistente en sobrevolar en avioneta determinados tipos de nubes previamente detectadas por radar y verter en ellas un preparado químico a base de agua destilada, nitrato amónico y urea, fué financiado por el Cabildo Insular por última vez en el periodo 1986-1992, revelándose como de grandes resultados. Prestigiosos meteorólogos como D. Desiderio Padilla han demostrado con su experiencia el éxito en las lluvias obtenidas. Tal es así que las últimas inundaciones sufridas en Las Palmas de Gran Canaria se debieron a ello, consiguiendo además llenar las presas y reverdecer nuestros campos. Sin embargo los propietarios de pozos y accionistas de heredades de aguas o embalses comenzaron una campaña de infundios a fin de desprestigiarlo, lo que consiguieron gracias a la debilidad de los políticos cabildicios que padecemos, que acabaron argumentando que no salía rentable la inversión para los resultados obtenidos. La diferencia a la vista está, la isla se seca año tras año. Somos ya el lugar de España donde menos llueve. Un desastre.
Por contra, un sector que ha perdido de facto el último año la cosecha de vinos y más de la mitad de las de papas, cuenta con un Cabildo que se gasta 100 millones de pts. en una campaña de imagen publicitaria en la que demuestra lo lejos que se encuentra de la sociedad y de los problemas grancanarios.
La ridícula suma inicial ofertada por el Cabildo Insular de Gran Canaria para paliar los catastróficos efectos de la sequía en nuestra isla desde 1998 y que aún subsisten, 600 millones de pts., contrasta con un informe de la misma entidad que revelaba pérdidas por valor de 5.532 millones, cantidad ratificada posteriormente por el Gobierno de Canarias, que no invertía sin embargo un duro en solucionar este gravísimo problema. El mismo Gobierno autónomo ha contemplado además presupuestos mayores para obras hidráulicas en la provincia tinerfeña que en la grancanaria. Sin embargo, el caso más sangrante fué el de los Presupuestos del Estado de 1998 para obras hidráulicas urgentes, cifrados en 227.000 millones, de los cuales sólo destinaron 185 millones a Gran Canaria.
La irresponsabilidad del Cabildo grancanario, gobernado actualmente por Coalición Canaria y Partido Popular y presidido por el conocido José Macías, no conoce precedentes. En casi todos los campos y particularmente en el que ahora nos ocupa se puede asegurar que ha tocado fondo. Quizá el caso más sangrante fue cuando este Cabildo de nuestras desgracias, impasible ante una isla reseca por la persistente sequía que venimos arrastrando en los últimos años, se enzarzó en una absurda discusión con el Ministerio de Economía y Hacienda a causa de un papelito milagroso que por lo visto les era imprescindible para acometer las obras hidráulicas más urgentes para resolver la sequía, por valor de 7.000 millones de pts., producto de lo presupuestado en la comisión mixta de seguimiento del convenio de infraestructuras hidráulicas Canarias-Estado. Pues bien eso fue en noviembre de 1998 ...y el dichoso papel había llegado al Cabildo tres meses antes, en agosto. Ningún cargo o funcionario se interesó en averiguar que pasaba con aquel papel extraviado o retrasado, no se acudió a Madrid personalmente para ver que ocurría. Es mejor dejar pasar el tiempo escudándose en la burocracia dejando que nuestra agricultura y ganaderia se pudran. Por lo visto el dichoso papel fué abducido por los extraterrestres, tan ajenos a nuestro planeta como el Cabildo a la isla de Gran Canaria. Así, a finales del pasado ejercicio, sólo había adjudicados 4 de los 12 proyectos previstos mientras que las áreas de Medio Ambiente, cuyo responsable es Carmelo Ramírez (CC) y Política Territorial, regida por María del Puy Martín (PP), tenían la mayor cantidad de dinero por consejerías (1.900 y 2.200 millones respectivamente) aún pendiente de gastar, lo cual habla a las claras de la eficacia de su gestión. Además, en este último caso se le había bajado un 32% su presupuesto a Política Territorial con respecto al año anterior, debido a su escaso nivel de ejecución y retraso en el gasto.
Sin embargo, la incompentencia absoluta está personificada en las figuras de Andrés Rodríguez y Antonio Sánchez Báez, del Centro Canario Nacionalista (integrado en Coalición Canaria), consejeros respectivamente de Recursos Hidráulicos, y de Agricultura, Ganadería y Pesca del Cabildo grancanario que ni crujen ni mujen, tan anodina es su labor. En el caso de José Macías, del PP, presidente de la Corporación insular, el cargo le viene ancho por todos lados. El pobre hombre, indudablemente buena persona y por lo visto, por eso mismo, absolutamente incompatible con la política, no se entera de nada. Él, que solo sirve para poner buenas caras, estrechar manos y salir en las fotos. Oye campanas y no sabe en donde. Por lo menos y al igual que los máximos responsables de la política canaria tiene quien le escriba los discursos para quedar bien sobre el papel, peroen esta barca indudablemente naufragaremos todos. La Mesa del Agua ha pedido repetidamente a José Macías que no esconda la cabeza debajo del ala ante el grave problema del agua, pero está claro que no se le pueden pedir peras al olmo.
Algunos de los más destacados méritos de la política canaria son:
El demencial Plan Hidrológico de Gran Canaria elaborado por CC y PP, que condena la agricultura de medianias de la Isla, recomendando que se paralice el crecimiento de la superficie cultivada y se mantenga en el nivel actual. Además, no prohibe explícitamente las extracciones de agua del subsuelo por debajo de los 300 metros. Estas mismas zonas sólo pueden aprovechar ahora el 10% de su potencialidad agrícola y ganadera. Estos planes han convertido a Gran Canaria de esponja en auténtica piedra y arena.
Se alquilan módulos de depuración en Barranco Seco que no se ponen en marcha, se asignan las obras del terciario en la misma instalación, a fin de eliminar la altisima salinidad de sus aguas lo que las hace de facto inútiles para el riego, y habiendo pasado más de un año desde su adjudicación, aún no se han iniciado por el Ministerio de Fomento, gobernado por el Partido Popular (y recordemos que la obra, sin contar los retrasos que siempre se producen, cuentan con un plazo de ejecución de 18 meses, con lo cual no estaría lista hasta el 2001-2002).
El famoso Trasvasur, canal de trasvase de aguas desde las presas del sur de la Isla hasta los cultivos del sureste sigue, 25 años después de comenzar su construcción y cientos de millones invertidos aún sin terminar.
Se consiente sin abrir el pico el machacamiento del desarrollo agrícola de la zona de Tafira, expropiando cuarenta parcelas en producción para la unión de la Variante de Tafira con la Circunvalación.
La venta de los intereses colectivos en el vital tema del agua es patente. Podemos resumirlo en tres puntos: privatización de Emalsa, bajada de pantalones ante la Ley de Aguas en la época de gobierno regional de los socialistas y abandono del excelente programa de lluvia artificial para beneficio de los aguatenientes y de las heredades privadas de aguas (recordemos que el 94'3% de la población no es propietaria de acciones en ningun pozo, galeria o presa). Nada menos que 5.000 millones de pts. mueve al año en Gran Canaria el mercado del agua de uso agrícola. En 1996 el Partido Popular intentó cambiar la Ley de Aguas para eliminar el dominio público del agua en Canarias.
Como revelaba la prensa de los últimos días, el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria está hurtando cada día nada menos que 2.500 m3 de agua a la agricultura de la Isla para regar los jardines, según ha denunciado el Consorcio Insular de Aguas. Desde luego, no criticamos el mantenimiento de unos jardines que embellecen la ciudad y que buena falta le hace, sino el empleo de la moda del césped, planta totalmente ajena a una región semidesértica como la canaria y voraz consumidora de agua, situación más grave además si se priorizan los mismos con respecto a nuestros campos.
Es inexplicable que un Consistorio como el la capital grancanaria, privatice la mayoría de una empresa de abastecimiento de aguas, Emalsa, y no mantenga el control estratégico de un servicio de primera necesidad, mantenga inactiva una de sus potabilizadoras y acuda al mercado libre (léase pozos que esquilman cada vez más nuestros escasos recursos hidráulicos del subsuelo) a competir con los agricultores encareciendo los costes del agua ya mas cara de toda España. Mientras, estúpidamente, se enfrentan al Consorcio Insular de Aguas, disparando así la crisis del modelo más racional de aprovechamiento de las aguas residuales en la isla La pregunta del millón aquí es ¿cómo es posible que en la actualidad con los medios tecnológicos y económicos de que disponemos y la autogestión prácticamente absoluta que poseemos los canarios desde hace años se consienta esta dejación y abandono de nuestra agricultura y ganaderia y estemos poco menos como hace pocas décadas sacando al santo en procesión para rogar por caridad unas gotas de lluvia?. Cientos de miles de millones se invierten en obra públicas para el tráfico pero no hay para potabilizadoras, lluvia artificial, canalizaciones, ayudas al campo, formación de los agricultores, recuperación de los cultivos perdidos, compensación de desastres naturales, medidas contra la erosión... Esto es ciencia ficción, por lo menos con nuestros pésimos políticos.
