Gilberto Martel Rodríguez
Disenso, junio 2002, n. 37.
En 1991 fue aprobado por el Consejo de Ministros el Plan de Amortización y creación de Centro Penitenciarios (PACCP), que se basaba en el déficit de plazas carcelarias existente y en la escasa rentabilidad de los centros existentes. Según las previsiones de este plan, la población reclusa crecería año tras año hasta llegar a cerca de 42.000 internos/as en 1997. Preocupaba, además, que las plazas de funcionarios eran excesivas -más del doble de las consideradas aceptables- para la atención de los internos. Con centros mayores y con más modernos sistemas de vigilancia y control, las necesidades de personal se reducirían notablemente. Quizá el aspecto más llamativo del plan es que su fin primordial, aparte de ahorrar en personal, era amortizar establecimientos que poseen un elevado valor patrimonial al estar ubicados en cascos urbanos. Con la adecuada recalificación del suelo, posterior desaparición de los centros y nueva urbanización con otros usos, se esperaba obtener más de 60.000 millones de pesetas de aquella época, según cálculos del propio Ministerio de Justicia.
Surge así el concepto de las macroprisiones, con el objetivo de cerrar los establecimientos carcelarios existentes y, a la vez, aumentar de forma importante el número de plazas: 27.000 más en seis años.
Las macrocárceles se presentan como pequeñas ciudades autosuficientes de 100.000 metros cuadrados construidos sobre terrenos de unas 30 Ha, despejados y en ningún caso dominados por colinas o accidente geográfico alguno en una distancia inferior a los 2.000 metros medidos desde el límite de la finca. La capacidad que se plantea es de 1.008 reclusos con celdas individuales, aunque las primeras macrocárceles construidas duplicaron su capacidad, instalando literas, como recogía en la prensa del momento (1).
Los centros se querían construir conforme a un único modelo, con dos zonas, una residencial y otra para equipamientos. Los proyectos se plantean especialmente exhaustivos en todo lo relacionado con la seguridad, por lo que no es de extrañar que se consideren prisiones de alta seguridad, como señalaba el periódico El Mundo el 2 de septiembre de 1992.
ACTITUDES CRÍTICAS.
A partir de los primeros proyectos de ubicación de estas grandes cárceles surgen la contestación y el disenso desde diversos sectores. Sonado fue el caso de la macrocárcel de Zuera, en Aragón, que llevó a la constitución de la Coordinadora del Bajo Gallego, donde además de diversas instituciones y colectivos, se encontraban integradas siete localidades de la zona. Pedro Santiesteve, abogado y representantes de la Plataforma contra la Construcción de Macrocárceles, argumentaba que el Gobierno incumplía sistemáticamente la reglamentación penitenciaria: ...tratándose de un centro para preventivos, la distancia de los principales centros urbanos de la región [Huesca a 38 kilómetros y Zaragoza a 30, ambas con prisiones para preventivos que iban a ser cerradas] será un grave problema para los abogados de oficio que tengan que desplazarse hasta el centro..., por otra parte, el Gobierno central no tuvo en cuenta la ordenación del territorio y los estudios de impacto ambiental a la hora de elegir el emplazamiento.
Las polémicas crecen y, de hecho, las macrocárceles son fuertemente contestadas por amplios sectores de profesionales y expertos en materia penitenciaria, nato a escala nacional como internacional, por su gigantismo y falta de humanidad (Europa Press, julio de 1992). Además, se puso en cuestión la falta de investigación a la hora de diseñar las nuevas prisiones, así como su homogeneidad, que no distingue entre prisiones para mujeres, jóvenes o presos preventivos o dependiendo del lugar geográfico. Son proyectos basados en ideas de hace 40 años.
Hasta tal punto se produce el rechazo a la macrocárcel que se organizan plataformas por las alternativas a la construcción de macrocárceles, las cuales abundan más en la crítica del modelo. A partir del documento de crítica y propuesta de alternativas a la construcción de una prisión de estas características en Navarra, se obtiene un análisis que pone en cuestión el coste económico y social de las macrocárceles, así como su fracaso: gran parte de esos millones van dedicados a construir grandes muros, alambradas, torres de vigilancia, etcétera, reduciéndose considerablemente el gasto en funcionarios y personal laboral. Es decir, ya no importa la reeducación y reinserción social del preso, supuesta finalidad última de la cárcel. [...] La consecuencia lógica de todo esto a nadie se le escapa: la cárcel, la única fórmula que la sociedad oferta como respuesta al delito, no resocializa, no reeduca, sino todo, sino todo lo contrario. Y, por ello, no tiene sentido perpetuar y seguir fomentando un modelo fracasado, una institución que, lejos de eliminar lo que hace es crear mayor inseguridad y donde, además, se violan de un modo flagrante y constante, derechos fundamentales legalmente establecidos.
Además, se cuestiona que estas cárceles sean realmente una solución al hacinamiento, debido al cierre del resto de las prisiones más pequeñas. El impacto ambiental es otro aspecto destacado: Multitud de enormes muros, alambradas, torres de 70 metros, medidas de seguridad y alta tecnología; es decir, 100.000 metros cuadrados de hormigón y asfalto.
Una de las estrategias para evitar el debate es la ocultación de información: respecto a esto, destacan las declaraciones que desde la Dirección General de Instituciones Penitenciarias se vierten a la prensa: Preferimos que nadie se llame a engaño. Si se hace público el nombre de las zonas candidatas a acoger estas cárceles tendremos muestras de tensión en otras tantas localidades. Es mejor presentar el nombre definitivo para evitar disgustos añadidos,
LAS ALTERNATIVAS
En febrero de 1995 se celebraron en Pamplona, organizadas por la Fundación Bartolomé de Carranza y la Asociación de Apoyo a Presos Salaketa, con la colaboración del Colegio de Abogados de Pamplona y la Caja de Ahorros de Navarra, las Jornadas Navarras sobre Alternativas a la Construcción de Macrocárceles. Estas jornadas supusieron una piedra de toque importante al PACCP, pues pues pusieron en cuestión las macroprisiones y suscitaron el diálogo sobre posibles alternativas a las mismas. Las posibilidades que se abren son amplísimas y requieren un cambio de enfoque radical en lo planteado hasta el momento, desde la reducción del número de reclusos/as sometidos a prisión provisional debido a la lentitud de la Administración de Justicia, hasta planteamientos más profundos y de raíz, como recoge en su manifiesto de propuestas la Plataforma por las Alternativas a la Construcción de Marcocárceles de Vitoria-Gasteiz.
Estas propuestas que, al contrario que la cárcel, son una garantía de protección ciudadana frente al delito, en muchos casos implican escasas o nulas modificaciones legales y siempre unos costos económicos infinitamente menores a los miles de millones destinados en la actualidad a mantener las cárceles (1,5 millones de pesetas por plaza) y a la construcción de otras nuevas. Las propuestas son las siguientes:
· Paralización inmediata de los planes de edificación de macrocárceles, por entenderse que no son necesarios más centros cerrados, sino el desarrollo de otros aspectos legislativos, penales y sociales, que permitan la institucionalización de nuevas respuestas sociales al delito.
· Asunción a corto plazo de las transferencias en materia penitenciaria por las Administraciones autonómicas con competencias estatutarias, con el fin de desarrollar mayores cuotas de autogobierno, en las siguientes condiciones mínimas contempladas por la ley: todas las personas recluidas han de cumplir las condenas en su lugares de origen; construcción de centros de régimen abierto, ubicados en las ciudades, alternativos a los actuales; limitación en el tiempo de periodo de estancia en prisión preventiva en espera de juicio, y creación de centros socio-educativos, con tutela judicial para el tratamiento de drogodependientes con problemas penales, y sustituvos de tratamientos extrapenales.
· Desarrollo a medio y largo plazo de formas alternativas desde un punto de vista social y penal a la pena de cárcel, experimentadas en otros países desarrollados, para lo cual habría de abrirse un profundo debate social y político sobre la despenalización, y un trabajo de investigación, experimentación y creación de nuevos marcos jurídicos e institucionales que permitan organizar formas de justicia alternativas a la justicia social: arbitraje, negociación, mediación, reconciliación, trabajo comunitario, servicios asistenciales, entre otros.
LA EXPERIENCIA CONFIRMA EL FRACASO
En octubre de 1998 se publica el informe La cárcel: descripción de una realidad, elaborado por Julián Ríos y Pedro José Cabrera. Este informe fue realizado a partir de un cuestionario a unos 2000 presos. En él se constata la realidad del fracaso de las macrocárceles. He aquí un extracto del mismo (2):
Las actuaciones del pasado más reciente que se ha traducido en la construcción de las llamadas macrocárceles no han hecho sino incrementar los obstáculos para la reinserción de las personas presas, tanto por su configuración arquitectónica como por su ubicación (en medio de auténticos páramos de complicada comunicación para familiares y defensores), así como por los mecanismos de control y seguridad que incorporan. Todo ello las convierte en mecanismos necesariamente violentes, tendentes a incrementar el grado de aislamiento y separación de la sociedad, y esto por varios motivos:
En primer lugar, se trata de un espacio absolutamente cerrado y controlado, en el que sobreviven hacinadas, sin apenas actividades que realizar, centenares de personas, generándose un elevado índice de conflictividad personal y social.
En segundo lugar, el nivel de conflictividad genera inexcusablemente violencia en una doble dirección: por un lado, entre los mismos presos y, por otro, entre los presos y los funcionarios, que forzosamente ven su relación marcada por la desconfianza y el recelo, cuando no por el desprecio mutuo. Con toda seguridad, el personal de tratamiento es insuficiente y está sobresaturado.
En tercer lugar, esta conflictividad en la relación preso/institución genera una espiral de violencia institucional en contra del preso, que le conduce a regímenes de vida que objetivamente le destruyen física y mentalmente.
En cuarto lugar, la violencia ambiental genera, a su vez, una conformación determinada de la percepción que el funcionario tiene del preso y viceversa. Los medios de control empleados con sistemática y rutinaria naturalidad, hacen que unos se conviertan en dominadores y otros en dominados, que unos repriman y sean por ello los represores, y otros los reprimidos. Este esquema dualizante va a llevar a determinados funcionarios, con una idea predeterminada, absolutamente deshumanizada, de la persona presa, a desarrollar actos de violencia arbitraria y a cometer importantes abusos de poder.
LA MACROCÁRCEL LLEGA A CANARIAS
En una primera instancia no se contemplaba en el PACCP la instalación de macrocárceles en el Archipiélago, pero la situación de hacinamiento de las prisiones existentes y, sobre todo, las enormes dificultades que se estaban encontrando en la Península llevaron a plantearlo. En Canarias el culebrón de las macrocárceles comienza en 1997, cuando el plan de 1991 estaba agotándose y se reconocía incluso institucionalmente su fracaso y el rechazo que suscitaba. Los últimos centros prototipo de 1008 plazas oficiales se planteaban ahora en Córdoba, Algeciras y Gran Canaria.
En Gran Canaria, en un primer momento, el debate no se centra para nada en una toma de conciencia de la situación de los presos y de puesta en crisis del modelo penitenciario. Los primeros argumentos en contra, tanto de vecinos como de ayuntamientos, se basaban en el rechazo a la población reclusa. Así, en los municipios de Santa Lucía, Telde e Ingenio se produjeron numerosas manifestaciones de repulsa, pero sin entrar a analizar el problema en profundidad. El primer protocolo de acuerdo para la macroprisión en Telde la situaba en el Lomo de Los Guirres, justo en el límite municipal con Ingenio, lo que propició un importante conflicto, en el que estuvieron implicados los vecinos de estos municipios y ambas corporaciones municipales. Llega un momento en que el debate se centra tan sólo en cómo alejar la macrocárcel de las poblaciones. En este momento se solicita la mediación del Cabildo Insular de Gran Canaria y, como podrán imaginar, la solución aportada en una isla como Gran Canaria sólo se podía dar en espacios rurales aislados, sin comunicaciones y probablemente bien conservados. Así, la macrocárcel termina siendo propuesta en el Campo de los Volcanes de Rosiana, área insular protegida, de gran valor natural, paisajístico y etnográfico, pero que al menos, estaba relativamente alejada, aislada y oculta por montañas.
A partir de entonces instante interviene de forma decidida el movimiento ecologista, que hasta ese momento se había mantenido casi al margen del problema de fondo. Se comienza a interactuar con otros sectores sociales, juveniles y vecinales y se empieza a crear un discurso nuevo que pone en tela de juicio el modelo penitenciario a aplicar en Canarias. Todo ello sin perder de vista la precaria situación de las cárceles existentes.
El proceso se caracterizó por el intento de la Administración, local sobre todo, de que no existiera debate social y de ocultar la información. Así, se producen casos, censura y clausura de stands del Colectivo Ecologista Turcón, amenazas a presidentes de asociaciones de vecinos que permitían reuniones en sus locales, introducción de infiltrados en las plataformas ciudadanas creadas, para reventar las reuniones, intentos de crear de confusión con información contradictoria y velada, etcétera. Un ejemplo curioso es una carta del concejal de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Telde a una asociación de vecinos, que requería información sobre la ubicación de la macroprisión. La carta tenía fecha de septiembre de 1997 y en ella se negaba cualquier solicitud o conocimiento de este tema en la corporación. Curiosamente, el borrador de protocolo de acuerdo con la Sociedad de Infraestructura y Acoplamiento Penitenciario (SIEP) tenía fecha de octubre de ese mismo año y fue firmado el 6 de noviembre de 1997.
El proceso continúa con un rechazo social cada vez mayor, que quedó reflejado en el gran número de alegaciones presentadas al Plan Insular de Ordenación del Territorio, que recogía la nueva ubicación de la macrocárcel en una de sus áreas insulares protegidas. Paralelamente, el caso de la macrocárcel comienza a convertirse en un arma arrojadiza entre instituciones, hasta que en marzo de 1999 el SIEP comienza a hacer prospecciones ilegales en el Campo de Volcanes de Rosiana, hecho que se denuncia inmediatamente y tiene una enorme repercusión en los medios de comunicación locales. En mayo de ese mismo año la Plataforma Antiprisión y el Colectivo Ecologista Turcón organizan las jornadas Macrocárceles a debate, donde participan diversos colectivos sociales relacionados o no con el mundo de la prisión. En estas jornadas se tocaron los diferentes aspectos de la macrocárcel: el territorial, el social y de reinserción, el legislativo y el estudio de las alternativas. La cercanía de las elecciones y la magnitud que había adquirido el problema, hizo que el tema fuera aparcado, aparentemente de forma definitiva, con el fin de evitar costes políticos.
Actualmente, vuelve a resurgir el proyecto de la última macrocárcel del Estado español en Canarias, sin que las Administraciones sean capaces de centrar el debate donde hace falta. Sirva, por último, para la reflexión, las declaraciones del abogado penalista Eduardo Millán, al desaparecido Diario de Las Palmas:
Las macrocárceles han sido presentadas como la panacea a los problemas penitenciarios, están vendiéndose como lo más moderno de Europa. Sin embargo, estas expectativas son falsas. El ejemplo lo tenemos en la cárcel de Huelva, que responde a este prototipo, pero donde no hay ningún tipo de reclusos ni de actividades. La plantilla de funcionarios no cubre la que en principio estaba propuesta, con lo que existen continuos problemas. [...] Incluso hay presos que prefieren volver a prisiones más antiguas o estar en primer grado, antes que en segundo grado en los edificios carcelarios modernos (3).
--------------------------------------------------------------------------------
(1) El diario El Mundo, de Madrid, en su edición del 27 de agosto de 1992, publicaba: Justicia duplicó la capacidad de la cárcel de Navalcarnero (Madrid) al día siguiente de su inauguración oficial por el ministro de Justicia, Tomás de la Cuadra. El ministro presentó el pasado 26 de julio las nuevas instalaciones de Madrid IV, destacando como innovación el uso exclusivo individual de las celdas. Al día siguiente, funcionarios comenzaron a instalar literas en las habitaciones.
(2) Publicado en el suplemento de Caritas, en octubre de 1998.
(3) Diario de Las Palmas, de 16 de febrero de 1999. El titular de la entrevista era el siguiente: Instalar una macrocárcel en Canarias estaría abocado al fracaso.
